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Madrid. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió, el viernes 3 de octubre, que el gobierno de Donald Trump tiene la facultad de cancelar el estatus de protección a unos 300.000 venezolanos.
Esto abriría la posibilidad de su deportación, en un fallo que reproduce la decisión emitida por la Corte Suprema, en mayo pasado, y que responde a una solicitud de la administración estadounidense, tras un fallo contrario de un tribunal inferior.
“Aunque la situación procesal del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos en general no lo han hecho. El mismo resultado que alcanzamos en mayo es apropiado aquí”, indica la sentencia emitida por el Supremo.
Por su parte, la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), lamentó la decisión de la justicia estadounidense y exhortó a Washington a “revisar” su política migratoria de manera que los venezolanos que “se vieron forzados a emigrar” a Estados Unidos puedan permanecer legalmente en el país.
“Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela reiteramos la solicitud de que el gobierno de Estados Unidos revise, en tiempo perentorio, su política migratoria en favor de los venezolanos y garantice alternativas que permitan la permanencia legal de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas: hombres y mujeres honestos y trabajadores, que han hecho de ese país su nuevo hogar y que hoy contribuyen, con su esfuerzo y formación, al desarrollo de esa nación”, publicó la organización en X.
En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) “siempre se supuso que sería solo eso, temporal” y subrayó que las reformas implementadas por Trump buscan “restaurar” el sistema migratorio estadounidense para que beneficie a sus ciudadanos.
“Las administraciones anteriores abusaron, explotaron y deformaron el TPS hasta convertirlo en un programa de amnistía de facto. Ahora que la ley y el pueblo estadounidense están de nuestro lado, la secretaria Noem seguirá utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para priorizar la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses”, afirmó el DHS en un comunicado emitido el viernes.
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Los antecedentes
A inicios de este año, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió poner fin al TPS otorgado a los migrantes venezolanos, antes del plazo establecido por su antecesor, Alejandro Mayorkas, durante la administración de Joe Biden.
A finales de marzo, un juez federal detuvo temporalmente la decisión del Gobierno. En mayo, la Corte Suprema respaldó la medida de Noem, abriendo la puerta a posibles deportaciones.
El juez federal del distrito norte de California, Edward Chen, quien inicialmente se pronunció en contra, emitió un fallo definitivo a finales de agosto cuestionando la revocación del TPS. Noem recurrió nuevamente al Tribunal Supremo, que confirmó la decisión de la administración estadounidense.
Tres magistrados liberales del tribunal rechazaron la sentencia, y la jueza Ketanji Brown Jackson, que discrepó, sostuvo que se trataba de “otro grave abuso de (nuestro) expediente de emergencia” y criticó que se permita al gobierno de Trump afectar “la vida de tantas personas como sea posible, lo más rápido posible”.
La medida adoptada por Biden en enero permitía que los venezolanos continuaran beneficiándose del TPS hasta octubre del 2026, lo que les otorgaba derecho a trabajar legalmente en Estados Unidos y los protegía de deportaciones inmediatas.
Según la planificación de Trump, el TPS para Venezuela debía haber finalizado el pasado 7 de abril.
