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Madrid. Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos respaldó la decisión de la Administración de Donald Trump de poner fin al estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, desestimando así un recurso presentado por organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito anuló una resolución previa de la jueza de distrito Indira Talwani, quien había cuestionado la autoridad de la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para revocar la llamada “libertad condicional” migratoria.
Esta última medida permitía la estancia temporal en el país de unos 430.000 extranjeros, y fue adoptada durante la Administración de Joe Biden.
Talwani había sostenido que Noem actuó fuera de sus competencias, pero el panel de tres jueces del circuito (todos designados por presidentes demócratas) concluyó que los demandantes no lograron demostrar que la secretaria carecía de facultades legales bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para eliminar de forma generalizada dichos permisos.
En su opinión, el magistrado Gustavo Gelpí reconoció que la revocación de esta figura migratoria coloca a los afectados ante un difícil escenario, al tener que decidir entre regresar a países con altos niveles de inseguridad o permanecer en Estados Unidos en situación irregular, expuestos a detenciones y deportaciones.
Sin embargo, subrayó que este impacto no invalida la autoridad legal de la secretaria para tomar tal decisión.
Asimismo, descartó el argumento presentado por Talwani de que la medida de Noem fue adoptada de forma “arbitraria y caprichosa”.
“No estamos de acuerdo. Determinamos que los demandantes no han presentado pruebas firmes sobre que puedan tener éxito a la hora de demostrar que la acción de la secretaria fuera arbitraria y caprichosa, ya que dio una explicación razonada”, indicó.
“Por las citadas razones, damos carpetazo a la orden del tribunal de distrito y remitimos el caso para que se realicen más procedimientos de conformidad con esta opinión. Así se ordena”, concluye el documento emitido por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston.
El programa migratorio, ampliado en 2023 por la Administración Biden, ofrecía permisos temporales de hasta dos años para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que llegaran por vía aérea, tras aprobar controles de seguridad y contar con un patrocinador económico en Estados Unidos.
Entre octubre de 2022 y enero de 2025, más de medio millón de personas accedieron a permisos de trabajo mediante este mecanismo. No obstante, el Gobierno de Trump decidió en marzo poner fin al programa, afectando directamente a cerca de 430.000 beneficiarios.
Desde el Justice Action Center, la abogada Esther Sung calificó el fallo judicial como “devastador”, aunque destacó que aún hay posibilidades de revertirlo conforme avance el proceso legal hacia una decisión definitiva.
Por su parte, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Justicia emitieron declaraciones tras conocerse la resolución.
Este último, sin embargo, había argumentado previamente que mantener la decisión de Talwani contradecía una suspensión anterior dictada por el Tribunal Supremo y pidió al Primer Circuito no aceptar lo que consideró una “impugnación abierta” a ese dictamen.
