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El Partido Popular (conservador), en el poder en España, aprobó este jueves, con su mayoría en el Congreso de los Diputados y el apoyo de dos pequeñas formaciones, dar una protección jurídica al rey Juan Carlos, quien perdió la inviolabilidad tras su abdicación.
Para evitar los largos meses de procedimiento necesarios a la presentación y aprobación de una ley específica, el Partido Popular introdujo el viernes anterior dos enmiendas de último minuto a un proyecto de reforma del Poder Judicial, en curso de tramitación y que poco tenía que ver con el monarca.
Juan Carlos, que había abdicado oficialmente dos días antes, acababa de perder una inviolabilidad que impedía juzgarlo y que permitió en el 2012 rechazar dos demandas de paternidad en su contra.
La ley, "con 184 votos a favor, 32 en contra y 109 abstenciones, pasa a continuar su tramitación en el Senado", informó el Congreso en un comunicado, sin precisar la fecha de votación en la Cámara Alta.
Protección legal. "Atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el rey de España" la norma otorga a Juan Carlos el denominado "aforamiento", una protección que beneficia a los miembros del gobierno, a los parlamentarios y a los jueces y fiscales, por la cual toda causa civil o penal en su contra solo puede ser juzgada por el Tribunal Supremo.
Permite asimismo "dotar de idéntico aforamiento ante el Tribunal Supremo a la Reina consorte o al consorte de la Reina y a los Príncipes de Asturias, así como al consorte del Rey o de la Reina que hubiere abdicado", precisó el comunicado.
La protección cubrirá así a la reina Letizia, la princesa Leonor y la reina Sofía, esposa de Juan Carlos.
La ley contó con el apoyo de los diputados del Partido Popular y de los también conservadores Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias.
La principal fuerza de la oposición, el Partido Socialista, se abstuvo al igual que los nacionalistas catalanes y canarios. Las demás formaciones votaron en contra, indignadas por la idea de dar un estatuto especial a Juan Carlos ahora que ya no es jefe de Estado.
Los socialistas no estaban en contra de esta protección jurídica, pero sí de la vía parlamentaria rápida elegida por el PP, que los privó de un debate.
