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Houston, Estados Unidos. Un bebé de un año da tumbos en una corte de inmigración de Luisiana y lanza un juguete que casi golpea al fiscal. El juez le ha pedido a su madre, de 17 años, que solicite asilo para ella y su hijo. Son menores de edad y, sin abogado, están expuestos a la deportación.
En 2025, el gobierno de Donald Trump intentó cortar los fondos con los que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) financia una red nacional de organizaciones que desde hace años presta servicios legales a menores migrantes no acompañados.
Llegaron a Estados Unidos sin un adulto o sus padres fueron detenidos por agentes de migración, y están en albergues o bajo custodia del gobierno.
Tras una demanda de varias de las organizaciones afectadas, la medida fue bloqueada por una jueza federal que ordenó mantener los servicios, protegidos por una ley que data de 2008.
‘Ataque concertado’
Meses después, el gobierno dejó de pagar y en julio de 2026 dejó vencer el contrato con Acacia Center for Justice, que administraba una red de un centenar de organizaciones.
La subdirectora del Proyecto Florence, que ayuda a migrantes con procesos de deportación, Roxana Avila-Cimpeanu, explicó a la AFP los problemas que enfrentan con la administración Trump.
A finales de 2025 el gobierno condicionó los pagos a la entrega de información confidencial de los representados por la red, unos 20.000 niños. “Y no lo hicimos”, enfatizó.
La administración Trump anunció luego planes para entregar los casos a Burke Law Group, cuya fundadora fue funcionaria durante el primer gobierno del magnate republicano. Pero la firma retiró su candidatura.
También recurrió a Our Rescue, fundada por Tim Ballard, exagente de Seguridad Nacional cuyo trabajo fue dramatizado en la película “Sound of Freedom”. Ballard fue además asesor del Ejecutivo de Trump sobre tráfico sexual infantil. El actual director ejecutivo de la entidad es Derek Benner, exfuncionario de inmigración.
El contrato quedó en pausa tras cuestionamientos en el Congreso.
“La protección legal de los niños nunca debería ser objeto de favoritismos políticos”, dijeron legisladores demócratas en una carta enviada esta semana al Departamento de Salud, responsable de la ORR. Expresaron su “profunda preocupación” de que se “confíe a una población vulnerable a firmas tan claramente no calificadas para la tarea”.
A juicio de Avila-Cimpeanu, la intención es complicar la defensa de los menores, en el marco del plan de deportaciones masivas del gobierno.
“Llevo 10 años trabajando en esto y este es el peor momento que he visto en cuanto al ataque concertado del gobierno contra los niños y cómo están utilizando diferentes áreas para lograr su objetivo de deportar a tantos niños lo más rápido posible”, señaló.
Niños en corte
Avila-Cimpeanu fue quien detectó en agosto al bebé de un año con su madre en un tribunal, sin abogado. “El bebé corría por todas partes tirando juguetes y llorando, y la madre tenía que concentrarse en eso y en la audiencia”, contó.
Aclaró que es común para un menor no acompañado ir a una corte de inmigración. Por eso es necesario un abogado que entienda del tema e incluso hable su idioma.
Recordó que en 2018 tuvieron en la corte a un bebé de pocos meses de nacido. “Tuvimos que decir que el bebé negaba los cargos en su contra y que deseaba irse voluntariamente. Es muy absurdo, pero es parte del procedimiento”, contó.
Esta semana, CNN reportó que 25 niños migrantes, varios sin abogado, tuvieron una audiencia en una corte de Texas.
Apoyo temporal
En una declaración a la AFP, la ORR dijo que en agosto entregó fondos para lo que resta del año al Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (USCRI), que “está presente en el 100% de las audiencias y ha ampliado sus servicios para ofrecer orientación legal, consultas legales y representación directa” a los menores.
Bilal Askaryar, director de comunicaciones de Acacia, explicó que USCRI es una entidad pequeña con medio centenar de abogados, frente a los 800 de su red.
“Esto no se trata de un contrato para nosotros. No se trata de una disputa entre una organización y el gobierno. Se trata de 20.000 niños que llegaron a Estados Unidos buscando seguridad”, agregó Askaryar.
