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Washington, Estados Unidos. La principal responsable de seguridad interna de Estados Unidos enfrentó duras críticas en el Congreso por la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.
El presidente republicano había prometido deportar a millones de migrantes indocumentados, y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, es quien ejecuta esa política.
Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin acusó a Noem de conducir un DHS “sin brújula moral ni respeto por el estado de derecho”.
Los agentes han sembrado el “caos” en varias ciudades deteniendo a ciudadanos “por el color de su piel, su acento y su idioma”.
La jefa del DHS compareció ante el Congreso por primera vez desde que agentes federales mataran a tiros a Renee Good y Alex Pretti en enero durante protestas contra las redadas.
Durbin le reprochó a Noem haber vertido “acusaciones infundadas de terrorismo” contra Good y Pretti.
La secretaria expresó condolencias a sus familias, negó haberlos llamado “terroristas” y afirmó que solo señaló que lo ocurrido “parecía ser” un incidente de ese tipo.
Noem defendió la política migratoria del gobierno. Aseguró que las detenciones en la frontera cayeron a mínimos desde que se tiene registro y que casi tres millones de indocumentados fueron expulsados del país.
Sostuvo que el DHS ha logrado “resultados históricos” y aumentado la seguridad desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero del año pasado.
El senador demócrata Chris Coons acusó al DHS de actuar de manera inconstitucional en un intento por cumplir con las exigencias de la Casa Blanca de aumentar el número de deportados.
Afirmó que por esa presión existen “patrullas itinerantes que elaboran perfiles raciales”, exigen documentos sin causa y realizan operativos “en iglesias, hospitales y escuelas, arrestando incluso a niños, ancianos, refugiados y personas con discapacidad”.
Noem pidió al Congreso alcanzar un acuerdo para poner fin al cierre parcial de su departamento para falta de financiación. Miles de empleados públicos —incluidos trabajadores de seguridad aeroportuaria y socorristas en caso de desastres— están suspendidos o trabajando sin cobrar hasta que se aprueben nuevos fondos.
Los legisladores demócratas se niegan a asignar recursos al DHS sin cambios profundos en la actuación la actuación de la policía de inmigración (ICE). Exigen restringir las patrullas, prohibir a los agentes el uso de máscaras faciales y requerir órdenes judiciales antes de ingresar a propiedades privadas.
