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Ciudad de Guatemala, Guatemala. Una relatora especial de la ONU pidió este viernes a la cuestionada fiscal general de Guatemala que detenga la criminalización contra personas que “luchan contra la corrupción”.
Desde 2021, la fiscal Consuelo Porras, criticada y sancionada por la comunidad internacional, ha abierto polémicas investigaciones contra decenas de exfiscales antimafias, jueces, abogados independientes y periodistas, entre otros, muchos de ellos en el exilio.
Porras, considerada “corrupta” y “antidemocrática” por Estados Unidos y la Unión Europea, también es acusada de poner en riesgo la democracia por pesquisas contra las elecciones de 2023 que comprometieron la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en enero del año pasado.
“Recomiendo que la fiscalía general detenga su proceso de criminalización”, dijo la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, al presentar el informe preliminar de su visita de dos semanas al país centroamericano.
Durante su estancia en Guatemala, la relatora se reunió con sectores sociales, grupos indígenas, funcionarios judiciales y diputados. También sostuvo encuentros por separado con Arévalo y Porras.
“He oído a gente que tiene miedo y por eso he dedicado tanto tiempo en mi declaración a hablar del proceso de criminalización. La criminalización es aterradora, es algo que nadie quiere experimentar”, agregó.
Según el informe preliminar, entre los “objetivos de la criminalización” desde la Fiscalía hay “numerosas personas vinculadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
“Quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos de poder se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales”, agregó Satterthwaite en un comunicado sobre sus recomendaciones.
Después de la reunión con Satterthwaite la semana pasada, la fiscal se defendió de los señalamientos y dijo que la institución que dirige “investiga” y “no criminaliza”. “En el Ministerio Público (Fiscalía) no hay excepciones. La ley es para todos”, escribió Porras en X.
Por su lado, Arévalo denunció ante la relatora las “limitaciones” existentes en el país para un sistema independiente, principalmente por las acciones de Porras.
El presidente busca que la fiscal general deje el cargo, para el que tiene mandato hasta mayo de 2026, pero carece de facultades para destituirla.
