
Caracas. El régimen de Nicolás Maduro tachó este lunes de “crimen de lesa humanidad” la detención de migrantes venezolanos en El Salvador, deportados desde Estados Unidos, y adelantó que el gobierno presionará por su repatriación.
Estados Unidos envió el domingo a una cárcel de máxima seguridad salvadoreña a 238 venezolanos señalados de pertenecer a la temida banda Tren de Aragua, luego que el presidente Donald Trump invocó una ley de más de 200 años que permite expulsiones sin juicio previo.
Los migrantes fueron llevados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al sureste de San Salvador, creada hace tres años en el marco de su cruzada contra las pandillas.
El gobierno salvadoreño divulgó videos del despliegue militar al Cecot, donde los sospechosos eran arrodillados y se les rapaban sus cabezas.
“Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en Estados Unidos es un crimen de lesa humanidad y así lo vamos a denunciar en todas las instancias”, dijo el presidente del Parlamento y jefe negociador con Washington, Jorge Rodríguez.
“No vale la pena el supuesto sueño americano convertido en pesadilla salvadoreña”, añadió Rodríguez. “Es un vulgar secuestro lo que está ocurriendo”.

En la lista de enemigos extranjeros
Trump incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, y los declaró el sábado enemigos extranjeros bajo una ley de 1798 para hacer expedita su deportación.
La expulsión se llevó a cabo pese a que el decreto fue impugnado temporalmente por un juez, una medida que la Casa Blanca apeló.
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Rodríguez participó en las negociaciones con el gobierno Trump, tras asumir el poder, que llevaron a la reanudación de los vuelos de repatriación de centenares de migrantes, incluido un grupo de personas que habían sido llevadas a la cárcel de Guantánamo.
Los contactos se hicieron pese a que ambos países no tienen relaciones desde 2019 y que Washington no reconoce el cuestionado tercer mandato del presidente izquierdista Nicolás Maduro.
Rodríguez llamó, además, a manifestaciones martes y miércoles “para levantar y elevar nuestro grito” contra la medida.
“No vamos a descansar hasta que rescatemos a los secuestrados en El Salvador”, insistió. “Vamos a mandar todos los aviones que tengamos que mandar a todas las partes del mundo a buscar a nuestros hermanos venezolanos”.
El jefe negociador agregó que propondrá desde el Parlamento a Maduro que “emita una solicitud para que ningún venezolano viaje a los Estados Unidos”.
“Ese no es un país seguro”, señaló. “Hacemos un llamamiento a todos los venezolanos a que se vengan a Venezuela”.
Casa Blanca defiende legalidad de acción
Por su parte, la Casa Blanca sostiene que el gobierno del presidente Donald Trump actuó dentro de “la ley” en las deportaciones a El Salvador y confía en ganar la batalla judicial sobre el uso de una legislación de guerra de 1798 para expulsar a migrantes.
Un juez de Washington se pronunciará este lunes por la tarde sobre si es legal la operación de expulsión de un total de 261 migrantes a El Salvador realizada el fin de semana.
El magistrado ordenó el sábado suspender durante 14 días las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII, y quiere saber si algunas de las expulsiones de ese día se llevaron a cabo pese a la prohibición.

“Esta administración actuó dentro del marco de la ley”, declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa. “Tenemos plena confianza en que ganaremos este caso en los tribunales”, añadió.
Según ella, los aviones con las personas expulsadas despegaron antes de que el dictamen judicial se emitiera.
Las autoridades “están seguras sobre las identidades de los individuos que estaban en estos aviones y la amenaza que representan para nuestra patria”, afirmó Leavitt, que los calificó de “monstruos atroces, violadores, asesinos, secuestradores, depredadores sexuales”.
De los 261 migrantes expulsados en la operación, 137 “fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros”, 101 eran venezolanos removidos en virtud de una norma migratoria y 23 eran miembros de la pandilla M-13, detalló.