EscucharEl Senado de Colombia aprobó el martes el proyecto de reforma laboral del presidente Gustavo Petro, rechazado en abril y resucitado luego de que el mandatario izquierdista promoviera una consulta popular para someter su propuesta al voto ciudadano.
La Cámara Alta dio luz verde a la reforma con 57 votos a favor y 31 en contra, e incluyó todos los puntos clave que el gobierno del izquierdista Petro considera vitales.
“Un paso histórico hacia el trabajo digno”, celebró la Presidencia colombiana en su cuenta en X, en un mensaje replicado por el mandatario.
El proyecto de ley laboral es una de las reformas emblemáticas de Petro, un exguerrillero elegido primer presidente de izquierda de Colombia en 2022.
La iniciativa busca que la jornada laboral termine a las 18H00 y no a las 21H00, como sucede en la actualidad, que ciertos oficios informales tengan acceso a la seguridad social y que se establezca un fondo especial para garantizar las pensiones a los campesinos, entre otros puntos.
La aprobación del texto se dio con la ausencia del senador opositor Miguel Uribe, también aspirante a la presidencia de Colombia, hospitalizado en estado crítico desde hace más de una semana tras ser baleado durante un acto proselitista en Bogotá.
En la misma sesión del martes, los senadores rechazaron por segunda vez una iniciativa del gobierno de Petro para que los colombianos decidan en las urnas sobre el futuro de la reforma laboral, propuesta cuando el Senado no adoptó en abril un primer proyecto legislativo al respecto.
La realización de una consulta popular ya había sido rechazada por la Cámara Alta en mayo.
Pero Petro, que el pasado fin de semana convocó vía decreto una consulta popular con 12 preguntas sobre la reforma laboral, insistió este martes en X en que la medida “sigue vigente” en tanto el Congreso no apruebe el proyecto de ley del gobierno.
Como el texto aprobado en el Senado tiene algunos cambios con respecto al adoptado el pasado octubre por la Cámara Baja, resta el trámite de conciliación entre ambas cámaras.
La Corte Constitucional debe aún decidir sobre la legalidad del llamado a consulta por decreto, que está programado para el 7 de agosto.
A fines de mayo, miles de personas marcharon en varias ciudades del país convocadas por Petro para defender la realización de la consulta popular, aunque la asistencia fue menor a la esperada.
La oposición sostiene que el mecanismo de consulta popular es muy costoso y busca en realidad iniciar una campaña oficialista con miras a las presidenciales de 2026, en las que Petro está impedido legalmente de postularse a la reelección.
