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Saint Paul, Estados Unidos. Las ciudades santuario que han rechazado colaborar con los agentes federales en la campaña de deportaciones de Donald Trump enfrentan una agresiva ofensiva, con Mineápolis como uno de los principales focos de tensión. El presidente sostiene que estos gobiernos locales infringen la ley al proteger a quienes considera delincuentes, a pesar de que estas jurisdicciones no bloquean físicamente las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
¿Qué son las ciudades santuario?
Según el Centro de Estudios sobre Inmigración, existen 200 ciudades santuario distribuidas en 13 estados. “Estas ciudades no participan en la detención de personas y desalientan, sin obstaculizar, la cooperación activa con el gobierno federal en materia de expulsiones”, explica David Schultz, profesor de la Universidad de Hamline.
Este movimiento nació en la década de 1980 para acoger a migrantes centroamericanos. En la práctica, vivir en una ciudad santuario facilita a los indocumentados la obtención de documentos de identidad y el acceso a programas de salud o vivienda.
En el caso de Minnesota, el gobernador aclaró que el estado no es un santuario, desmintiendo afirmaciones previas del Departamento de Justicia. Sin embargo, Mineápolis sí mantiene esa política. Su alcalde, el demócrata Jacob Frey, defendió la medida en la cadena de noticias CNN: “Queremos que los indocumentados puedan llamar a emergencias sin temor a ser deportados”.
La ofensiva de la Casa Blanca
Trump ha tildado estas zonas como “refugios para criminales”. Bajo sus órdenes, el ICE se ha desplegado en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago y Los Ángeles. Además, ha enviado a la Guardia Nacional a Washington DC, Portland y Mineápolis para asistir en los operativos bajo el argumento de garantizar la seguridad de los agentes.
Tom Homan, responsable de la política de expulsiones, fue tajante en su reciente visita a Mineápolis: “Las ciudades santuario son ahora nuestra prioridad. No vamos a tolerar que protejan delincuentes”.
Conflicto judicial en 2026
El choque escaló a la justicia tras una carta enviada el 24 de enero, donde el gobierno federal exigió a Mineápolis y St. Paul poner fin a sus políticas. En respuesta, el estado de Minnesota demandó a la administración Trump alegando que las redadas violan la soberanía estatal protegida por la Constitución.
El desenlace de este caso podría sentar un precedente legal para otros estados. Recientemente, un juez federal prohibió la detención de refugiados con residencia legal en Minnesota, mientras que otro magistrado advirtió que el ICE podría haber violado más órdenes judiciales en este enero de 2026 que cualquier otra agencia en la historia reciente.
