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Estados Unidos puede deportar a un residente legal permanente si demuestra que la persona violó las leyes nacionales o locales. Aunque los titulares de la green card tienen derechos migratorios, el estatus puede ser revocado si el gobierno cumple con el proceso legal establecido.
El National Constitution Center explicó que uno de los requisitos clave para mantener la residencia permanente es obedecer todas las leyes del país. Si las autoridades consideran que esta norma fue quebrantada, deben presentar el caso ante el sistema de tribunales de inmigración, del Departamento de Justicia.
El proceso inicia con un aviso de comparecencia, documento que detalla las razones por las que se solicita la deportación del residente. Este aviso marca el comienzo de un juicio migratorio, donde el gobierno tiene la carga de la prueba.
Según PolitiFact, sitio especializado en verificación de datos del Instituto Poynter, el gobierno debe presentar pruebas claras y convincentes. El tipo de evidencia varía según el caso. Puede tratarse de una condena por un delito grave o de declaraciones de impuestos en las que la persona figure como no residente, lo cual puede interpretarse como abandono voluntario del estatus de residente legal.
La profesora Jaclyn Kelley-Widmer, experta en derecho migratorio de la Universidad de Cornell, explicó a PolitiFact que el aviso de comparecencia enumera todos los motivos por los que se considera que una persona debe ser deportada.
Si el juez de inmigración falla en contra del residente, este tiene derecho a apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y, si es necesario, ante un Tribunal Federal de Apelaciones.
PolitiFact también consultó a expertos sobre la aplicación de este proceso durante la administración Trump. Algunos señalaron que se respetaron los procedimientos legales básicos, como la entrega del aviso de comparecencia. Otros sostuvieron que se dieron casos donde ICE y CBP actuaron fuera de la ley.
No obstante, se aclaró que ni el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen facultades para revocar el estatus legal. Esa decisión solo puede ser tomada por un juez de inmigración, tras un procedimiento judicial formal.
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*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.
