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Naciones Unidas, Estados Unidos. La puerta que abrió Donald Trump a la explotación minera en aguas profundas, criticada por ecologistas, podría suponer una amenaza a la gobernanza de los océanos, según expertos que cuestionan el derecho de Estados Unidos a dar este paso sin control internacional.
Desde las normas de navegación hasta la explotación de recursos, el derecho marítimo se rige en gran medida por la CNUDM, la convención de Naciones Unidas en la materia adoptada en 1982 en un intento por evitar “una lucha despiadada” por el control de los fondos marinos, en palabras de su padre espiritual, el diplomático maltés Arvid Pardo.
Estados Unidos nunca la ha ratificado, pero aplica muchas de sus cláusulas.
Y “es un gran beneficiario” de estas normas, ya que disfruta de una de las mayores Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y de libertad de navegación para sus buques de guerra, declaró a la AFP Coalter Lathrop, abogado internacional del bufete estadounidense Sovereign Geographic.
Así que cuando al mismo tiempo “se ignora el resto del contrato -que los fondos marinos y sus minerales en aguas internacionales son patrimonio común de la humanidad- es desestabilizador (...) para el orden jurídico de los océanos”.
“Una autorización unilateral estadounidense podría llevar a la desintegración de un sistema cuidadosamente seleccionado y diseñado por Estados Unidos para su propio beneficio”, advirtió.
Estados Unidos tuvo una gran influencia en la CNUDM, que creó el concepto de ZEE, una zona marítima sobre la que un Estado ejerce soberanía exclusiva hasta las 200 millas náuticas (370 km) de la costa, lo cual en teoría impide que los pesqueros extranjeros la exploten.
A finales de abril, Trump firmó una orden ejecutiva en la que pedía a sus ministros que agilizaran la concesión de permisos para explotar codiciados minerales, también en aguas internacionales, en virtud de una ley estadounidense de 1980.
Acción “unilateral”
Al mismo tiempo, la empresa canadiense The Metals Company presentó en Estados Unidos la primera solicitud de extracción comercial en altamar. Al hacerlo, eludió a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), a la que CNUDM ha encomendado la gestión fuera de las jurisdicciones nacionales.
La decisión indignó a los defensores de los océanos y a muchos Estados miembros de la ISA, entre ellos China, que denuncian una violación del derecho internacional.
Esta acción “unilateral” sienta “un peligroso precedente que podría desestabilizar todo el sistema de gobernanza de los océanos”, deploró la secretaria general de la ISA, Leticia Carvalho.
Este decreto es “lo más peligroso que ha hecho” Trump, de acuerdo con Guy Standing, economista de la Universidad de Londres, que teme que la CNUDM se “deshaga” y lleve a otros países a sentirse libres de ignorar el derecho marítimo.
“Esto podría conducir a una división en diferentes partes del mundo” con, por ejemplo, “Rusia, China y Estados Unidos repartiéndose el Ártico”, explicó Standing a la AFP.
Este argumento es rechazado por James Kraska, profesor de derecho marítimo internacional en el US Naval War College, que considera “ingenuo pensar que Estados Unidos tiene este tipo de influencia” en un mundo que ya no es “unipolar”.
También le sorprende el argumento de que existe “una obligación legal de cumplir un tratado al que nunca nos adherimos”.
“Entiendo que haya oposición política, pero hay una diferencia entre la política y la ley”, argumentó.
Sin embargo, otros países miembros de la ISA podrían invocar su obligación de garantizar que sus empresas cumplen esta ley internacional en un intento de frenar a The Metals Company.
Un ejemplo es Japón, donde The Metals Company tiene una asociación con la fundición Pamco para procesar los nódulos polimetálicos extraídos en el Pacífico.
