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Capas, Filipinas. Desde hace generaciones, la tribu de los aetas vive en medio de praderas a un centenar de kilómetros de Manila, pero ahora se enfrenta a la amenaza de la expulsión debido a un proyecto de polo tecnológico impulsado por Estados Unidos.
La jefa indígena Petronila Muñoz cuenta que su tribu, los Aeta Hungey, desconoce qué parte de sus tierras podría verse afectada o qué ocurrirá con los medios de subsistencia que éstas proporcionan.
“Todavía no hay claridad”, declaró Muñoz a la AFP en la sala de reuniones de la tribu. “¿Qué va a pasar con nosotros? Esa es nuestra principal pregunta”, dijo.
En abril, Estados Unidos anunció que Filipinas se había incorporado a Pax Silica, una iniciativa encabezada por Washington para reforzar las cadenas de suministro de semiconductores y tierras raras y reducir la dependencia de los países participantes respecto de China.
Filipinas ha destinado un terreno de 1.620 hectáreas en New Clark City, en la provincia de Tarlac, al norte de Manila, para un centro manufacturero destinado a producir componentes avanzados para centros de datos de inteligencia artificial.
El gobierno estima que la iniciativa podría atraer hasta $70.000 millones en inversiones y generar unos 190.000 empleos, un importante impulso para un país con más de tres millones de desempleados.
Sin embargo, para alrededor de mil miembros de los aetas la posibilidad de desplazamiento ya es una realidad. En julio recibieron una carta de la Autoridad para la Conversión y el Desarrollo de Bases (BCDA) en la que se advertía de que el proyecto “podría afectar las tierras que ocupan”.
‘El dinero se acaba’
Muñoz explicó que empleados de la BCDA les dijeron durante una visita que debían abandonar la zona antes de diciembre y trasladarse a un lugar situado a unos 16 kilómetros de su hogar. No les presentaron un plan con las áreas que se verían afectadas.
La BCDA les ofreció apenas 30 pesos (en torno de medio dólar) por metro cuadrado de sus tierras, añade. Todos rechazaron la propuesta. “Nuestra vida, nuestro sustento y nuestra cultura están ligados a esta tierra ancestral”, afirmó Muñoz. “La tierra es más importante. El dinero se acaba”.
Durante una audiencia del Senado celebrada el mes pasado, el presidente de la BCDA, Joshua Bingcang, afirmó que los aetas viven en terrenos estatales. Como ocurre con muchos pueblos indígenas de Filipinas, no poseen títulos de propiedad.
Diversas organizaciones civiles también han expresado preocupación por el impacto ambiental del proyecto, especialmente por la demanda de agua y electricidad en un país afectado con frecuencia por sequías y cortes programados de energía.
El Departamento de Estado estadounidense indicó a la AFP que “los estudios sobre impacto ambiental, recursos hídricos, energía y efectos sobre las comunidades” servirán de base para el diseño del proyecto.
“Antes de que se lleve a cabo cualquier desarrollo importante, esperamos que se realicen evaluaciones rigurosas del impacto sobre las partes interesadas”, declaró un vocero. Bingcang aseguró ante el Senado que los inversionistas deberán construir sus propios sistemas de suministro eléctrico y de agua.
El mes pasado varios medios indicaron que Estados Unidos tenía previsto advertir a los países de que podrían quedar excluidos de Pax Silica si se adherían a una iniciativa rival respaldada por Pekín.
“Aquí es donde aparece la ventaja de Filipinas. Filipinas es el país menos afectado por el capital chino en el sudeste asiático”, dijo a la AFP Alvin Camba, director de investigación de una empresa de IA especializada en cadenas de suministro y evaluación de riesgos.
Sacrificios
Según Petronila Muñoz, la BCDA ha realizado consultas públicas en Tarlac y provincias vecinas, pero todavía no ha dialogado con su tribu.
Los aetas siguen sin saber si el gobierno les ayudará a construir nuevas viviendas o les proporcionará tierras cultivables para obtener ingresos si son reubicados. “Me gustaría que nos escucharan. Solo hablan entre ellos”, dijo, y añadió que teme que su comunidad no esté cualificada para acceder a los nuevos empleos que promete Pax Silica.
Pero Muñoz, de 63 años, que espera ser enterrada en el cementerio tradicional de su tribu, asegura que no se marchará, ni siquiera si una excavadora destruye su vivienda. “¿Por qué tenemos que ser nosotros quienes nos sacrifiquemos por el tipo de desarrollo que ellos quieren?”, se pregunta.
