EscucharWashington. La Corte Suprema de Estados Unidos respalda a conservadores: permite negar servicios a parejas LGTB y anula medida del presidente, Joe Biden, sobre deuda estudiantil.
En una serie de decisiones, la Corte Suprema de Estados Unidos, reestructurada durante el mandato del expresidente republicano Donald Trump, otorgó un nuevo respaldo a los conservadores.
Por un lado, permitió que ciertos comercios se nieguen a brindar servicios a parejas LGTB por motivos religiosos. Por otro lado, invalidó una medida del presidente Joe Biden que buscaba cancelar parte de la deuda estudiantil.
Estas sentencias fueron respaldadas por los seis jueces conservadores, en contra de la opinión de los tres jueces progresistas, y se produjeron justo antes del receso de verano de la Corte. Cabe destacar que el año pasado, el tribunal también tomó decisiones controvertidas, como limitar el derecho federal al aborto, ratificar el derecho a portar armas y restringir los poderes de la Agencia de Protección del Medio Ambiente.
Mientras que los republicanos celebraron estas decisiones, la izquierda y los demócratas, encabezados por el presidente Biden, expresaron su oposición.
Biden manifestó estar “profundamente preocupado” por el riesgo de que la sentencia del viernes aumente la discriminación contra la comunidad LGTB+.
En su fallo, el alto tribunal estableció que las empresas que ofrecen servicios al público y realizan actividades creativas pueden invocar la libertad de expresión para negarse a prestar servicios contrarios a sus valores.
Esta decisión fue una respuesta al caso de Lorie Smith, una diseñadora gráfica que se identifica como una cristiana devota y se niega a crear páginas web para parejas homosexuales.
Primera Enmienda
La Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, implica que en Estados Unidos las personas son libres de pensar y expresar lo que deseen, sin la intervención del gobierno, según afirmó el magistrado Neil Gorsuch.
En contraposición, la jueza Sonia Sotomayor, en representación de los progresistas, expresó su desacuerdo al afirmar que “por primera vez en la historia, el tribunal concede a un negocio abierto al público el derecho constitucional de negar el servicio” a clientes protegidos por leyes antidiscriminación.
La victoria de la diseñadora gráfica en este caso abre la puerta para que otros negocios que afirman ofrecer servicios a medida discriminen a grupos marginados, lamentó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
En 2018, la Corte Suprema respaldó a un pastelero cristiano que se negó a elaborar una tarta de bodas para una pareja gay, aunque en esa ocasión se basó en argumentos técnicos sin establecer principios generales.
El viernes, Biden sufrió otro revés con el fallo relacionado con la deuda estudiantil. La Corte Suprema determinó que su gobierno se había excedido en sus competencias al implementar un programa sin la autorización del Congreso, el cual, según los jueces conservadores, es el encargado de “controlar el monedero”. Esta decisión priva a Biden de una medida crucial de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en las que espera ser reelegido con el apoyo de la clase media y los sectores más desfavorecidos.
26 millones de solicitudes
El líder del Senado republicano, Mitch McConnell, criticó el “plan socialista de préstamos estudiantiles” y se mostró satisfecho de que el tribunal impidiera a Biden “llenar los bolsillos de su base de altos ingresos y subestimar a las familias de clase trabajadora que decidieron no incurrir en deudas estudiantiles”.
En Estados Unidos, la educación superior es costosa y cerca de 43 millones de personas solicitan préstamos estudiantiles federales que suman un total de 1,630 billones de dólares.
Al inicio de la pandemia, el gobierno de Trump suspendió el reembolso de estos préstamos en virtud de una ley de 2003 que permite “aliviar” las deudas estudiantiles en caso de “emergencia nacional”. Esta medida expirará el 31 de agosto.
Anticipándose a esta fecha límite, en agosto pasado, Biden anunció su intención de cancelar $10,000 de las deudas de los prestatarios que ganaran menos de $125,000 al año y $20,000 para antiguos beneficiarios de becas. Se presentaron 26 millones de solicitudes, según la Casa Blanca, con un costo estimado de más de $400,000 millones.
Los tribunales bloquearon la implementación de este plan debido a las denuncias presentadas por una coalición de estados republicanos y dos estudiantes que no calificaban para la condonación. Alegaban que el gobierno demócrata estaba utilizando el dinero de los contribuyentes sin la aprobación del Congreso y argumentaban que la ley de 2003 cubría la suspensión de la deuda, no su cancelación.
“Estamos de acuerdo con ellos”, escribió el juez John Roberts en representación de la mayoría. “El tema aquí no es si algo debe hacerse, sino quién tiene la autoridad para hacerlo”, afirmó.
Los jueces progresistas tienen una opinión opuesta. “El tribunal está reemplazando al Congreso y al Poder Ejecutivo en la formulación de la política nacional de condonación de préstamos estudiantiles”, escribió la magistrada Elena Kagan.
