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San Salvador
El Gobierno salvadoreño aseguró el martes que la anulación de la Ley de Amnistía es un "hecho relevante y positivo", pese a que cuatro días atrás el presidente, Salvador Sánchez Cerén, criticó la decisión y sostuvo que no estaba acorde frente a los "verdaderos y actuales problemas del país".
El 13 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró "inconstitucional" la Ley de Amnistía General vigente desde 1993 porque es "contraria" al derecho de "acceso a la Justicia" y "reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".
El portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, sostuvo en una entrevista con el canal estatal que "es trascendente la declaratoria de inconstitucionalidad" , pero aseguró que "no resuelve la atrofia que tiene la impunidad en el país" ni la "mora judicial" .
Según Chicas, los procesos judiciales en casos de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército y la guerrilla durante la guerra civil (1980-1992) no se han estado obstaculizando solo por la amnistía, sino por la falta de actuación por parte de los tribunales y la Fiscalía.
"Los tribunales de justicia de este país, que dependen de la Corte Suprema de Justicia, no diligenciaron en todos estos años esos procesos, y la Fiscalía durante más de 20 años tampoco diligenció las investigaciones" , expresó.
Asimismo, el funcionario destacó que la sentencia de la Sala de lo Constitucional no "descalifica" el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas que denunció las violaciones a derechos humanos registradas durante el conflicto armado.
La Comisión "había jerarquizado, analizado y separado los casos atribuibles a las distintas partes involucradas en el conflicto. Hay que analizar de qué manera esta sentencia aborda ese buen trabajo que fue reconocido por todas las partes en el contexto de la negociación" , indicó.
La referida ley fue emitida solo siete días después de que se hizo público el informe en 1993.
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General supone la reapertura de procesos judiciales como el de la masacre de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras (1989) y de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981), y el magnicidio de monseñor Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia católica.
Por otra parte, Chicas calificó de "agridulces" las recientes sentencias del Constitucional, porque el mismo día que anuló la amnistía declaró inconstitucional la emisión de $900 millones en bonos y frenó la aplicación de un recargo del 13 % al costo de la electricidad.
"La Sala, mientras con una mano resuelve un tema, con la otra deshace los recursos del Estado, cercena los recursos del Estado, afecta directamente la institucionalidad del gobierno", afirmó el portavoz.