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Washington. AFP La Corte Suprema de Estados Unidos parecía dividida el lunes en materia de inmigración, tema crucial de la campaña presidencial, al debatir un plan del presidente Barack Obama para proteger de la deportación a la mitad de los 11 millones de indocumentados.
Si los ocho magistrados no llegan a una decisión, prevista para finales de junio, el bloqueo del plan en otras cortes quedaría vigente: un duro revés para Obama, que intentaría seguir impulsando la situación de los indocumentados hasta el fin de su mandato.
Al son de los mariachis, centenares de manifestantes, principalmente latinos, se congregaron en las afueras de la Suprema Corte, bajo un ardiente sol y fuerte presencia policial.
El presidente del alto tribunal, John Roberts, y el juez Anthony Kennedy, dos conservadores cuyos votos son críticos, chocaron repetidas veces con el representante del gobierno de Obama durante la audiencia, extendida a 90 minutos por lo contencioso del asunto.
Lo que está en discusión es un conjunto de medidas ejecutivas que Obama firmó a finales del 2014, cuando se reducían a cero las posibilidades de que una prometida reforma migratoria fuera aprobada por la oposición republicana en el Congreso. Pero 26 estados, casi todos de mayoría republicana, se negaron a implementar las medidas, y un tribunal de apelaciones las bloqueó.
Uno de los decretos protege de la deportación a personas que viven en el país desde el 2010, sin prontuarios criminales, y cuyos hijos que son ciudadanos estadounidenses. Otro decreto amplía un programa que protege a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad.
Los cuatro magistrados de tendencia liberal parecían defender el plan de Obama y recordaron acciones similares de sus predecesores.
Pero los detractores del presidente lo acusan de haber excedido sus atribuciones, una opinión que pareció ser correspondida por los jueces conservadores en la Corte Suprema.
Kennedy dijo que determinar qué grupo de inmigrantes puede permanecer legalmente en Estados Unidos es una “labor legislativa, no una labor ejecutiva”.
“Es como si el presidente estuviera definiendo la política y el Congreso ejecutándola. Eso está al revés”, dijo.
Afuera, algunos hacían una larga fila a la espera de obtener uno de los pocos puestos dentro de la cavernosa sala de mármol, mientras una variopinta multitud de medio millar de personas expresaba su apoyo a las medidas del presidente.
“Sí se puede”, cantaban y portaban pancartas con forma de corazón que leían “Mantengan unidas a las familias”.
Roshell, una joven mexicana de 17 años traída a Alabama (sur) de manera clandestina por sus padres cuando era una bebé, teme diariamente ser deportada. Como Alabama se opone a las medidas, no puede trabajar ni estudiar, pero debe pagar impuestos.
“Hay muchas barreras que no me permiten ir al colegio, no puedo tener una licencia, ni un trabajo”, dijo.
La joven podría estar entre los cuatro y cinco millones de inmigrantes clandestinos beneficiados por el plan de Obama.
“Tenemos la autoridad moral. Hoy es el día de justicia”, dijo ante la multitud el senador de origen cubano Bob Menendez antes de entrar a la audiencia.
Texas, uno de los estados en disputa con los decretos de Obama, argumenta que el plan le costaría millones de dólares para tramitar permisos de conducir a los indocumentados regularizados en su territorio.
El juez Roberts admitió la posibilidad de Texas de disputar los decretos, y destacó la existencia de un “dilema”, pues ese estado del sur de Estados Unidos podría ser objeto de una demanda del gobierno federal si se negara a tramitar esas licencias.
Por otra parte, Sonia Sotomayor, la primera magistrada de origen latino en la Suprema Corte, observó que si Texas es autorizado a demandar al gobierno federal sobre la inmigración, ello abriría la puerta a los estados para desafiar un sin fin de normas federales.
La población de inmigrantes indocumentados está “aquí, lo querramos o no”, dijo.
El tema migratorio es una de las principales banderas de los aspirantes republicanos a las elecciones presidenciales, especialmente del favorito Donald Trump, quien prometió construir un muro en la frontera con México y deportar a los indocumentados.
La decisión de la Corte Suprema, a finales de junio, arribará poco antes de las convenciones de investidura de los dos partidos, hacia las presidenciales de noviembre.
