EscucharLa compañía canadiense First Quantum Minerals informó este viernes que inició un proceso arbitral internacional para “proteger sus derechos”, luego de que el contrato de concesión de la mayor mina de cobre de Centroamérica fuera declarado “inconstitucional” por la Corte Suprema panameña.
La aprobación del contrato minero por parte del Congreso panameño el 20 de octubre desató protestas, bloqueos de rutas y brotes de violencia que semiparalizaron al país durante más de un mes, y terminaron tras el fallo dictado por la Corte el martes.
First Quantum “inició un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje para proteger sus derechos bajo el acuerdo de concesión 2023 que el gobierno de Panamá firmó [...] este año con la empresa. El acuerdo de arbitraje establece que el arbitraje se llevará a cabo en Miami, Florida (EEUU)”, dijo la compañía en un comunicado.
La Corte Internacional de Arbitraje es un ente autónomo de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
La empresa, que cuantifica su inversión en Panamá en más de 10.000 millones de dólares, notificó al gobierno antes del fallo su “intención” de “presentar demandas arbitrales”, al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá de 2013.
Algunos expertos panameños creen que para el gobierno sería más fácil defender su postura tras el fallo, ya que podrá alegar que la sentencia le llevó a romper el contrato. Si Panamá pierde el arbitraje, se arriesga a tener que pagar indemnizaciones multimillonarias.
Contratos laborales
Tras el fallo, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, prometió un cierre “ordenado y seguro” de la mina a cielo abierto situada en el Caribe, que produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales. El volumen representa el 75% de las exportaciones panameñas y el 5% del PIB del país.
Sin embargo, los ambientalistas, que convocaron a protestar y presentaron recursos de “inconstitucionalidad” ante la Corte Suprema, afirman que daña severamente el medioambiente y que “Panamá vale más sin minería”.
First Quantum pidió el jueves al Ministerio del Trabajo de Panamá suspender los contratos de unos 7.000 empleados para dejar de pagar los salarios, lo que fue rechazado por el sindicato de trabajadores de la minera.
Las autoridades no respondieron la solicitud de la empresa, que además genera unos 33.000 empleos indirectos, cuyo futuro también es incierto.
La empresa justificó el pedido de suspender los contratos diciendo que por “bloqueos ilegales” en días pasados en caminos de acceso y en el puerto que sirve a la mina, tuvo que “suspender temporalmente la producción”. La situación “afectó nuestra capacidad para mantener las actividades laborales”, añadió.
En otra secuela del fallo, el ministro panameño de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, máximo responsable de la negociación del contrato minero, renunció el jueves y advirtió que la decisión de la Corte puede “acarrear serias consecuencias para el país”.
“El fallo de inconstitucionalidad [...] podría acarrear serias consecuencias para el país”, declaró, mencionando la pérdida de empleos, arbitrajes internacionales, pérdida del grado de inversión del país determinado por calificadoras de riesgo “y otros más que fueron ampliamente advertidos”.
Moratoria minera
El 16 de noviembre la compañía pagó $567 millones en regalías e impuestos al Estado panameño, pero quedaron congelados y las autoridades no han explicado qué destino tendrán esos fondos tras el fallo de la Corte.
El contrato de concesión, suscrito en agosto entre el gobierno panameño y la empresa canadiense, permitía operar 40 años la mina.
El polémico contrato fue rubricado después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997. El nuevo pacto contemplaba aportes al Estado de al menos 375 millones de dólares anuales, 10 veces más que el original.
Tratando de minimizar el descontento, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una suspensión indefinida de la minería metálica, pero dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato con First Minerals.
Tras el fallo, fueron levantados los bloqueos de ruta que habían semiparalizado al país y causado pérdidas por unos 1.700 millones de dólares, según gremios empresariales.
