ONU afirma que sanciones en Haití tienen impacto limitado

El Consejo de Seguridad de la ONU puso en marcha un régimen de sanciones (prohibición de viajar, congelación de activos, embargo de armas selectivo) en octubre de 2022, que en aquel momento solo afectaba a un líder de la banda, Jimmy Chérizier, conocido como “Barbacoa”.

La lista incluye ahora a cinco líderes de pandillas criminales, consideradas entre las más poderosas que asolan el país. En octubre pasado, el Consejo también impuso un embargo general sobre armas pequeñas y municiones destinadas a Haití.

En cuanto a las sanciones individuales, los expertos encargados por el Consejo consideran que su efecto “sigue siendo extremadamente limitado, porque los líderes de las bandas y las actividades de sus pandillas prácticamente no se ven afectados por las medidas”, según el informe publicado el jueves que abarca el período noviembre de 2023 a febrero de 2024.

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Estos líderes criminales “continuaron acumulando arsenales, extendiendo su control sobre el territorio y ampliando sus filas, a pesar de las sanciones impuestas contra ellos”, añadieron los funcionarios.

En cuanto al embargo general de armas, “el proceso apenas comienza” y la implementación “sigue siendo mediocre, con recursos limitados disponibles para hacerlo cumplir en Haití y la región”.

“Las pandillas y otros actores no estatales continúan obteniendo armas y municiones de manera ilícita”, particularmente en Estados Unidos y República Dominicana, se indicó en el informe, citando entrevistas con la policía haitiana que confirman que “a las pandillas no parece faltarles municiones”.

“Las disposiciones relativas al embargo tampoco son bien conocidas por los actores que deben hacerlas cumplir”, en particular las fuerzas policiales y funcionarios de aduanas, lamentaron los expertos.

El país caribeño fue devastado durante décadas por la pobreza, los desastres naturales, la inestabilidad política y la violencia de las bandas criminales.

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A finales de febrero, los poderosos líderes de las pandillas haitianas, que hoy controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, unieron sus fuerzas para atacar comisarías de policía, prisiones, el aeropuerto y el puerto marítimo con el fin de forzar la renuncia del primer ministro, Ariel Henry.

Esto último se anunció el 11 de marzo cuando Henry aceptó dar un paso al costado y permitir que ejerza provisionalmente un consejo de transición, cuya formación aún no se concretó por diferencias entre las partes involucradas en la negociación.