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Nasry Asfura, de 67 años, del Partido Nacional (PN), lideró el primer corte de resultados de las elecciones presidenciales de Honduras este domingo 30 de noviembre, según los datos preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con un total de 530.073 votos, Nasry Asfura logró posicionarse por encima de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien obtuvo 506.216 votos, y de la oficialista Rixi Moncada, que alcanzó 256.972 votos, según el primer boletín del CNE.
Estos datos corresponden a 6.559 actas procesadas, equivalentes al 34,25% del total de 19.152 actas para presidente.
El CNE recordó que los resultados preliminares de este domingo se actualizan de manera constante hasta finalizar el escrutinio y cumplen únicamente una función informativa sobre el avance parcial de la votación.
Unos 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años, tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude.
Largas filas obligaron al CNE a extender por una hora el horario de votación, hasta las 6:00 p. m., en una jornada marcada por alta participación, escepticismo ante la falta de soluciones a problemas históricos de violencia y corrupción, así como la reciente intervención del presidente de Estados Unidos Donald Trump.
La tensión creció ante la ausencia de un favorito claro entre los tres aspirantes con opción de triunfo entre Rixi Moncada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Nasry Asfura (PN) y Salvador Nasralla (PL), quienes llegaron empatados técnicamente según las últimas encuestas.
Asfura es empresario y fue alcalde del Distrito Central entre 2014 y 2022. También fue candidato presidencial por el Partido Nacional en las elecciones generales de 2021 y actualmente preside esa agrupación, con la que volvió a aspirar a la presidencia en los comicios de 2025.
El candidato ocupado otros cargos públicos, como ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), regidor de la Alcaldía del Distrito Central entre 2006 y 2009 y diputado del Congreso Nacional.
Democracia en riesgo
Honduras arrastra un historial de comicios cuestionados y golpes de Estado. El último, en 2009, derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la mandataria saliente Xiomara Castro, una herida que aún divide al país.
Esta elección también atravesó una tensión política y la falta de un árbitro independiente, ya que los tres partidos con mayor peso político se reparten el control del consejo electoral.
Además, las fuerzas de derecha e izquierda se acusaron mutuamente de preparar un fraude, mientras Estados Unidos advirtió que reaccionaría “con rapidez y firmeza” ante cualquier irregularidad. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea enviaron misiones de observación y llamaron a respetar el voto ciudadano.
Francisco Assis, jefe de la misión de la OEA, destacó que la jornada transcurrió en un “ambiente democrático” y con gran afluencia.
La desconfianza aumentó cuando la cúpula de las Fuerzas Armadas, cercana a Castro y Zelaya, solicitó las actas electorales para “verificar” el recuento. Aunque el CNE rechazó la petición, el gesto encendió temores de intromisión en favor del oficialismo.
Posteriormente, el expresidente Donald Trump intervino directamente en la campaña al anunciar que indultaría al expresidente Juan Orlando Hernández acusado de convertir al país en un narco-Estado.
En marzo de 2024, el expresidente fue declarado culpable por un jurado de Nueva York y, actualmente, cumple una condena en Estados Unidos.
Además, Trump mostró su apoyo a Nasry Asfura, del derechista partido de Hernández, y amenazó con recortar la ayuda estadounidense si su candidato perdía.
“Si no gana, Estados Unidos no malgastará más dinero”, escribió en Truth Social.
El caso del expresidente simboliza la penetración del crimen organizado en la política hondureña. No obstante, los tres principales partidos están salpicados por denuncias de vínculos con el narcotráfico
Pobreza y migración
El próximo presidente enfrentará un país donde el 60% de los 11 millones de habitantes vive en pobreza y está expuesto al dominio de pandillas como Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
Desde diciembre de 2022 rige un estado de excepción similar al aplicado por Nayib Bukele en El Salvador, el cual ha reducido homicidios pero genera cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos.
La crisis económica y la inseguridad siguen empujando a decenas de miles de hondureños a migrar cada año hacia Estados Unidos. Las remesas representan el 27% del PIB y superaron los $10.000 millones en 2024, aunque analistas creen que podrían disminuir.
A diferencia de hace cuatro años, cuando la izquierda llegó al poder, Honduras enfrenta hoy los efectos de la política migratoria restrictiva de Trump.
Estados Unidos deportó a 27.000 hondureños en lo que va de 2025 y revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) a 51.000 personas, dejando a miles en riesgo de expulsión inmediata.
En un país donde seis de cada diez habitantes son pobres, el impacto humanitario y económico de estas medidas será uno de los mayores desafíos para la nueva administración.
