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La SB 8, firmada por el gobernador Greg Abbott, entró en vigor el 1.° de enero de 2026 y establece nuevas obligaciones para los condados de Texas. La norma exige que varios departamentos policiales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante acuerdos formales. El incumplimiento expone a los condados a acciones legales por parte del estado.
La legislación impacta directamente a los sheriffs de condados que cuentan con cárceles. La obligación aplica tanto si las instalaciones son administradas por el propio condado como por empresas privadas.
Obligación de solicitar acuerdos 287(g) con el ICE
El texto legal señala que los condados deben solicitar su incorporación a un acuerdo 287(g), un mecanismo de cooperación entre autoridades locales y la agencia migratoria federal.
Entre los puntos centrales de la ley se incluyen:
- Todos los departamentos policiales de condados con cárceles deben solicitar un acuerdo 287(g) al ICE.
- Los sheriffs tienen plazo hasta el 1.° de diciembre para presentar la solicitud.
- Si el ICE rechaza la petición, el condado debe demostrar ante el estado que cumplió con el trámite.
- La ley exige volver a aplicar al menos una vez por año en caso de rechazo.
- Todo contrato debe detallar el alcance de la autoridad delegada, la duración del acuerdo y las limitaciones para aplicar leyes migratorias.
Financiamiento estatal para los condados que cooperen
La SB 8 no solo impone obligaciones. También establece un esquema de financiamiento estatal para apoyar a los condados que colaboren con el ICE.
Los principales aspectos financieros son:
- Texas cubrirá los fondos no reembolsados por el gobierno federal mediante un programa específico.
- Las subvenciones varían según la población del condado. El monto mínimo es de $80.000. El máximo alcanza $140.000 en jurisdicciones con al menos 1.000.000 de habitantes.
- Los recursos deben utilizarse en un plazo máximo de dos años desde su entrega.
- El dinero solo puede destinarse a gastos vinculados con la cooperación con el ICE.
- Los fondos son complementarios y no permiten recortes al presupuesto de seguridad ya aprobado.
Consecuencias legales por incumplir la SB 8
La ley define acciones claras si un condado no solicita el acuerdo exigido. En esos casos, el procurador general de Texas puede presentar una demanda civil.
El proceso debe tramitarse ante un tribunal del distrito correspondiente. La normativa no fija multas específicas. Sin embargo, el condado puede enfrentar el pago de honorarios y costos legales derivados del proceso judicial.
Si un tribunal determina que existió incumplimiento, el departamento policial queda obligado a acatar la ley y realizar la solicitud del acuerdo con el ICE.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.
