EscucharTegucigalpa. El juicio por el asesinato en el 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres logró en el 2021 una resolución histórica del Tribunal Supremo, pero el coautor intelectual del crimen, David Castillo, todavía no está sentenciado, una condena que la familia espera sea favorable para que hechos como este no se repitan.
Laura Zúñiga, una de las hijas de la líder ecologista, afirmó este jueves que la búsqueda de justicia para Cáceres “es un aporte importante para la sociedad hondureña, las víctimas y las comunidades”, para asegurar la posibilidad de que hechos como el asesinato de su madre no se repitan.
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Cuando la lectura de una sentencia es tardía “los procesos pueden ser revictimizantes”, subrayó Zúñiga, quien destacó la necesidad de que Honduras tenga una “justicia integral, profunda y garantice la no repetición de estos actos”.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo del 2016 a tiros en su casa en el occidente de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que ella había denunciado múltiples amenazas de muerte.
David Castillo fue declarado culpable el 5 julio del 2021 como autor intelectual del asesinato de Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y el 17 de junio el Tribunal leerá la sentencia que deberá cumplir, tras ser pospuesta en dos ocasiones.
Cuando Cáceres fue asesinada, Castillo era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollo Energéticos S. A. (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, a la que la ambientalista se oponía por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
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La familia de Cáceres espera una sentencia favorable contra David Castillo, coautor intelectual del crimen de la líder ecologista. (ORLANDO SIERRA/AFP)
Poca celeridad
La hija de la ambientalista dijo que, si en el caso de su madre “no hay celeridad” de parte de las instituciones de justicia, es “más difícil” que avancen otras causas menos visibles ante la sociedad.
“Eso nos preocupa bastante porque no solo habla de la decisión política del Estado frente a la búsqueda de justicia para Berta Cáceres, sino también la postura y la forma de acciones de las instituciones de justicia para resolver los problemas que la población enfrenta como la impunidad y la violencia”, subrayó.
La falta de emisión de la sentencia contra Castillo deniega “el acceso a la justicia a las víctimas”, señaló Zúñiga, quien cree que la demora demuestra que las instituciones del Estado “no están funcionando”. “Es importante que la justicia se debe dar de forma rápida, pero respetando los tiempos procesales que las leyes establecen, y en este caso el proceso ha sido dilatado”, enfatizó.
Espera que la sentencia contra Castillo “sea favorable” para la familia de Berta Cáceres y, además, “sea sólida y que responda a las pruebas presentadas durante el juicio”.
Río libre de concesión
La condena debe ser “reparadora para las víctimas, a las que les ha costado tanto y el Estado ha colocado la responsabilidad de hacer que este proceso avance, es algo muy duro”, agregó.
Berta Cáceres representa “una causa” y su familia continuará “con la búsqueda de justicia para sus asesinos intelectuales y lograr que el río Gualcarque sea libre de cualquier concesión, ya que todavía existe el peligro de que se construya un proyecto hidroeléctrico en contra de la voluntad del pueblo”, explicó Zúñiga.
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La familia de la ecologista también buscará que el Estado pueda garantizar la consulta previa, libre e informada, para que las comunidad indígenas puedan “las que decidan sobre sus territorios”, lo cual puede “aportar mucho a que este tipo de crímenes no se vuelvan a cometer”, añadió.
Un tribunal hondureño condenó en diciembre del 2019 a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de la ambientalista el día del crimen. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de prisión como coautores del asesinato.
