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La Haya. Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizaron este miércoles la apertura de una investigación sobre los asesinatos cometidos en Filipinas durante la guerra contra las drogas declarada por el presidente Rodrigo Duterte porque se asemeja —dicen— a un ataque ilegítimo y sistemático contra civiles.
La corte concluyó que “existe una base razonable” para pensar que se ha cometido el crimen contra la humanidad de asesinato, durante la represión que mató a miles de personas.
La Corte, fundada en el 2002 para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo, “accedió a la solicitud del fiscal de abrir una investigación” pese a que Manila se retiró de la CPI en el 2019 tras la apertura de un examen preliminar sobre este tipo de violencia.
Fatou Bensouda, fiscal saliente de la CPI, anunció en junio haber pedido la apertura de una investigación sobre los miles de asesinatos cometidos en Filipinas como parte de la guerra contra las drogas declarada por el gobierno.
La CPI precisa que “la llamada campaña de la guerra contra la droga no puede considerarse una operación legítima de mantenimiento del orden y los asesinatos no pueden considerarse legítimos ni simples excesos de una operación por otra parte legítima”.
Los elementos disponibles indican “que se lanzó un ataque generalizado y sistemático contra la población civil como parte de la aplicación o seguimiento de la política de un Estado”, precisan los jueces internacionales en un comunicado.
La investigación cubrirá el período del 2011 al 2019.
La corte ‘sigue siendo competente’
Duterte, elegido en el 2016, prometió que erradicaría el narcotráfico y que decenas de miles de delincuentes serían abatidos.
Las últimas cifras oficiales informan de al menos 6.181 muertos y más de 200.000 operaciones antidroga en el archipiélago asiático, pero los activistas de derechos humanos estiman que hay muchas más víctimas mortales.
Los fiscales de la CPI calculan, en documentos judiciales, que murieron entre 12.000 y 30.000 personas.
Según estos últimos, Manila no niega que hayan muerto personas durante las operaciones policiales, sino que “ha mantenido de manera bastante consistente que estas muertes se debían a que los agentes actuaban en legítima defensa”.
Los jueces señalaron que, aunque Filipinas se retiró de la CPI en el 2019, el tribunal sigue siendo competente para tratar los crímenes cometidos en su territorio cuando aún formaba parte del Estatuto de Roma, texto fundacional de la corte.
Un control ‘necesario’
Según los fiscales, policías y justicieros también cometieron asesinatos antes del 2016 en la región de Davao, donde Duterte fue alcalde.
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Fueron cometidos por un grupo que se hacía llamar “Escuadrón de la muerte de Davao”.
La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes sospechosos de tráfico de droga a pequeña escala o de delitos menores como robo y consumo de estupefacientes “y también fueron asesinados pandilleros y niños de la calle”, declararon los fiscales.
El presidente filipino estima que la CPI carece de autoridad y en el pasado advirtió que no cooperará con lo que califica de investigación “ilegal”. Incluso amenazó con detener a la fiscal Bensouda.
La decisión de la corte fue bien recibida por las organizaciones de derechos humanos, que lo consideran un “control necesario” frente a la mortal “guerra contra la droga” de Duterte.
“Las familias de las víctimas y los supervivientes tienen motivos para esperar que los responsables de crímenes contra la humanidad puedan finalmente ser llevados ante la Justicia”, declaró Carlos Conde, investigador de la organización Human Rights Watch.
