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Brasilia, Brasil. Ocho años después del asesinato de la concejala Marielle Franco, ícono de la causa negra y LGBT en Brasil, la corte suprema empezó este martes en la capital un juicio a políticos y exresponsables policiales, acusados de haber ordenado el crimen.
Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Rio de Janeiro, la ciudad de la que era concejala.
Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes.
El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.
La fiscalía acusa al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Rio, de haber ordenado este homicidio que conmocionó a Brasil.
Según la acusación, Franco se oponía en el concejo municipal a propuestas defendidas por los hermanos para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de Rio.
Ella misma procedente de una favela, esta referente izquierdista defendía los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB.
Franco en el centro de polémica
El magistrado Flavio Dino dio inicio al juicio ante una sala llena, con la presencia de legisladores brasileños y periodistas, constató la AFP.
Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y ministra de Igualdad Racial del gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al juicio en Brasilia, al igual que otros miembros de su familia.
Hay que “investigar y castigar”, dijo a periodistas Anielle Franco, antes de entrar en la sala. No es “admisible que una concejala sea asesinada”, agregó.
Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
Beneficiadas por apoyos políticos de alto nivel, se han apropiado además de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales.
“Brasil tiene la obligación de mostrar que el Estado alcanza también a quien ordena crímenes”, dijo por su parte Agatha Arnaus, viuda de Anderson Gomes.
La corte también juzga a otros tres acusados por su presunta implicación en el asesinato: el excomisario Rivaldo Barbosa, el expolicía Ronald Paulo de Alves y Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Rio.
Barbosa está acusado de haber “trabajado para garantizar la impunidad de los autores intelectuales”.
Cuatro acusados están en prisión preventiva y Chiquinho Brazao se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.
Acuerdo de colaboración
En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de prisión a Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Franco con una ametralladora.
Disparó contra la concejala y su chofer desde un vehículo conducido por su cómplice Élcio Queiroz, quien fue condenado a 59 años de reclusión.
Durante el juicio, Lessa dijo haberse “vuelto loco” con la suma de varios millones de dólares que le ofrecieron para cometer el crimen.
Los hermanos Brazao niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración alcanzado por Lessa con la justicia para confesar.
La acusación también se basa en “indicios, declaraciones, documentos que corroboran” su confesión, dijo en 2024 el juez de la corte Alexandre de Moraes, al justificar la apertura de un juicio.
En calidad de relator del caso, Moraes será el primero de cuatro magistrados en votar por la condena o absolución.
Este juez, tan poderoso como divisivo, ya estuvo a cargo de otro juicio histórico, en el que el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.
