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Washington, Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump pidió el jueves a la Corte Suprema que elimine los límites legales y de procedimiento para expulsar inmigrantes en situación irregular hacia terceros países, impuestos tras el dictamen de un juez de distrito.
En la práctica, dichos límites frenan la política de expulsiones del gobierno al solicitar que los inmigrantes sean notificados por escrito y un plazo para que puedan manifestar su temor a ser deportados, entre otras garantías legales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicita a la Corte Suprema retirar dichos límites al argumentar que ponen en riesgo la seguridad pública al impedir la expulsión de criminales peligrosos.
Un tribunal federal de apelaciones ya había confirmado el 18 de septiembre lo esencial del fallo del juez de distrito Brian Murphy, de Boston, al considerar que las personas objeto de expulsión tenían derecho a invocar su temor a convertirse en víctimas de persecución o tortura en un tercer país.
El miércoles por la noche, el tribunal de apelaciones levantó la suspensión de la sentencia inicial que había estado vigente mientras los jueces de apelación deliberaban.
El gobierno considera las expulsiones hacia terceros países, una “herramienta esencial para expulsar a determinados extranjeros, incluidos algunos de los peores delincuentes”, según el pedido del DHS a la alta Corte.
El asesor jurídico del gobierno, John Sauer, invoca “problemas logísticos significativos” por la decisión de primera instancia, exhortando al máximo Tribunal a suspenderla para “poner freno a este caos”.
“Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional nos informa que ya ha cancelado un vuelo hacia tres países distintos que transportaba a 70 extranjeros condenados penalmente”, precisa.
Según las nuevas directrices de 2025 en materia de expulsiones, estas están autorizadas bajo la única condición de que el país receptor aporte garantías de que las personas expulsadas “no serán perseguidas ni torturadas”.
La Corte Suprema ha dado hasta el lunes por la noche a la parte contraria para responder a esta solicitud.
El juez Murphy había considerado que las personas afectadas por una expulsión hacia un tercer país debían ser informadas de ello y luego beneficiarse de un plazo significativo para presentar un recurso sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Murphy también había suspendido en 2025 la expulsión de un grupo de inmigrantes, en su mayoría nacionales de países asiáticos, hacia Sudán del Sur, un país africano pobre que además está en medio de un grave conflicto interno.
Pero el Alto Tribunal, al que la administración Trump había recurrido de urgencia, autorizó esta expulsión hacia Sudán del Sur, donde los inmigrantes afectados llegaron en julio de 2025.
