EscucharSanto Domingo. La fiscalía dominicana pidió el sábado que el principal responsable de la discoteca Jet Set, que colapsó en Santo Domingo el pasado 8 de abril, encare el cargo de homicidio involuntario bajo prisión preventiva.
Antonio Espaillat fue detenido el jueves junto con su hermana Maribel, también propietaria del club Jet Set, que se derrumbó con saldo de 236 muertos.
“El Ministerio Público está solicitando (...) prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario contra Maribel”, dijo a periodistas el fiscal Héctor García. El tribunal que lleva la causa adelantó que fallará el domingo sobre esta solicitud.
La fiscalía indicó que el Jet Set era “una operación comercial negligente que ponía en riesgo a cientos de vida”, según un comunicado en el que compartió parte de los hallazgos del peritaje técnico.
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El defensor Miguel Valerio pidió que Espaillat encare el proceso en libertad. “Está tranquilo, está consciente de su situación (...) en el tribunal se verá lo que tenga que decidirse”, dijo a la prensa.
El techo del Jet Set colapsó durante el concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien falleció en el incidente.
Jet Set funcionó en ese edificio desde 1994. El Ministerio Público (MP) indicó que los imputados “alteraron de manera significativa la estructura de la discoteca sin supervisión técnica”.
Enumeró “hallazgos críticos” en el estudio técnico del desastre como “la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte”.
Son “fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca”, añadió el texto. “Hicieron importantes remodelaciones sin obtener los permisos requeridos”.
El techo además fue cargado “de manera excesiva” con ductos, aires acondicionados, tanques de agua “sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura” para soportar el peso.
El mismo Espaillat dijo el pasado 23 de abril que el local “siempre” tuvo problemas de filtración y que “nunca” fue supervisado por las autoridades, al tiempo que el gobierno ha reconocido un vacío legal en temas de regulación de infraestructuras.
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Antonio Espaillat era el gerente de la discoteca; su hermana Maribel, la administradora, y según el MP intimidaron a empleados “con el objetivo de evitar que aportaran pruebas” en el caso.
Los parientes de las víctimas presentaron por su parte más de 80 demandas civiles contra esta poderosa familia, que tiene además un conglomerado de medios y restaurantes.
El cargo de homicidio involuntario conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel.
