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Seúl, Corea del Sur. La fiscalía de Corea del Sur solicitó este martes la pena de muerte contra el expresidente Yoon Suk-yeol, a quien acusa de liderar una insurrección tras declarar de forma ilegal la ley marcial en diciembre de 2024, una decisión que desató una grave crisis institucional en el país.
Durante la vista final del juicio en Seúl, el fiscal especial adjunto Park Eok-su afirmó que Yoon decretó la ley marcial con el objetivo de permanecer en el poder por un largo período, mediante la toma del control del Poder Judicial y del Legislativo, según declaraciones reproducidas por la agencia de noticias coreana Yonhap.
“El expresidente Yoon declaró la ley marcial con el propósito de mantenerse en el poder durante mucho tiempo, apoderándose de la judicatura y la legislatura”, sostuvo Park, quien agregó que la gravedad del delito radica en que el exmandatario movilizó recursos físicos del Estado que solo debían utilizarse en beneficio del interés colectivo nacional.
Mientras la fiscalía presentaba la solicitud de la pena capital, Yoon mostró una leve sonrisa desde el estrado, mientras algunos de sus seguidores, presentes en la sala, lanzaron insultos en voz alta, según reportó Yonhab
Yoon fue acusado formalmente en enero de 2025 de encabezar una insurrección mediante la imposición de la ley marcial.
Los fiscales sostienen que el exmandatario orquestó un levantamiento con el objetivo de subvertir el orden constitucional, tras conspirar con el entonces ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y otros altos funcionarios.
Según la acusación, Yoon declaró la ley marcial sin que existiera una guerra ni una emergencia nacional equivalente, lo que violó de forma directa la Constitución surcoreana.
En particular, la fiscalía lo responsabiliza de ordenar el despliegue de tropas y fuerzas policiales para bloquear el complejo de la Asamblea Nacional e impedir que los legisladores votaran en contra de su decreto.
Además, habría ordenado el arresto y la detención del presidente del Parlamento y de los entonces líderes del partido oficialista y de la principal fuerza opositora.
El 3 de diciembre de 2024, los diputados lograron reunirse y derogar la ley marcial, lo que provocó la suspensión inmediata de Yoon de sus funciones y abrió el camino a su procesamiento penal.
Detención, liberación y nuevo arresto
Yoon se convirtió en el primer presidente en ejercicio de Corea del Sur en ser imputado y detenido físicamente, en enero del año pasado. Permaneció bajo custodia hasta marzo, cuando un tribunal anuló su orden de arresto y dispuso su liberación.
Sin embargo, el exmandatario fue detenido nuevamente en julio, tras la presentación de cargos adicionales vinculados con su intento de imponer la ley marcial.
Desde entonces, permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.
En su alegato final, el fiscal Park subrayó que Yoon no mostró arrepentimiento por el impacto de sus acciones sobre el sistema democrático.
“El expresidente Yoon no reflexionó sobre cómo sus actos provocaron una grave violación del orden constitucional y de la democracia”, afirmó, conforme el recuento de Yonhap.
“Las mayores víctimas fueron las personas que defendieron ese orden mediante sacrificios frente a la dictadura y el autoritarismo”.
El caso marca un precedente histórico en Corea del Sur y ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial, la vigencia del Estado de derecho y la memoria de los periodos autoritarios del país.
