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Caracas, Venezuela. Una parte de los migrantes venezolanos que terminaron presos en una megacárcel de El Salvador exigieron el viernes desde Caracas que Estados Unidos les permita impugnar los cargos que llevaron a su deportación, como ordena el fallo de una corte federal.
Un grupo de 252 venezolanos que fueron capturados en Estados Unidos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua fueron expulsados en marzo al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, donde aseguran fueron torturados.
El presidente Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsar a estos migrantes de forma expedita, sin presentar evidencias y sin pasar por un juicio.
Un tribunal federal en Washington pidió esta semana al gobierno estadounidense elaborar un plan para que migrantes deportados puedan tener el “debido proceso”.
En una rueda de prensa en Caracas, representantes de los exprisioneros dijeron que ellos querían la oportunidad de limpiar sus nombres.
“Hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos como al de El Salvador para que cumplan plenamente con la orden judicial”, indicó un comunicado leído por un grupo de unos 40 exprisioneros.
La decisión de la justicia federal abarca a 137 de los 252 venezolanos deportados. No quedó en claro si el texto lo suscribe la totalidad de los afectados.
“Esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación”, añadió el texto.
El tribunal estadounidense propuso que las audiencias se pudieran realizarse fuera de Estados Unidos siempre que respeten el debido proceso.
Algunos de los afectados, como Arturo Suárez, de 34 años, dijeron que no tienen interés en volver a Estados Unidos.
“Nosotros queremos que se limpie nuestro nombre y obviamente que paguen y traten de remediar (...) lo que nos hicieron injustamente”, dijo Suárez a la AFP.
En julio, un barbero de 27 años, entre las víctimas del Cecot, demandó a Trump por 1,3 millones de dólares.
