Asunción, Paraguay. El expresidente paraguayo Santiago Peña quedó este sábado en prisión preventiva, tras ser imputado por su presunta responsabilidad en una crisis bancaria que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos y precipitó su destitución, informó a periodistas el juez Humberto Otazu.
Peña fue imputado por una aparente lesión de confianza y administración en provecho propio, en una investigación sobre irregularidades en Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta el 2025.
La Fiscalía había solicitado su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.
Al término de la audiencia, el juez informó que Peña cumplirá la medida en el Regimiento Escolta Presidencial en Asunción, donde ya estuvo detenido el viernes por la noche, trasladado desde su casa luego de que fuera rodeada por manifestantes.
“Queremos verle preso al responsable de esta desgracia. ¡Cárcel para Peña!”, dijo a la AFP Macarena Chilavert, una abogada de 33 años, en las inmediaciones de la Fiscalía mientras Peña declaraba.
Leila Cosini, una estudiante de 28 años que se encontraba cerca de la Fiscalía mientras Peña declaraba, dijo estar ansiosa y preocupada por el futuro de sus depósitos: “Perdí mi dinero. Estaba poniendo ahí justamente porque había una facilidad de abrir una cuenta”, señaló.
Tras una indagatoria a Peña que se prolongó por más de tres horas, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva y la inhibición de bienes para Peña y para el expresidente del Banco Central paraguayo (BCP) Carlos Carvallo, imputado por los mismos cargos que el exmandatario además del delito de producción de documentos públicos falsos.
Otazu dijo que evaluaría en la noche del sábado las medidas contra Carvallo.
Sobre Peña, el juez de garantías dijo “debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento” al procedimiento judicial y para evitar riesgo de fuga. Además señaló que el expresidente “se abstuvo de declarar”.
Sin acceso a depósitos
La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay intervino al Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.
La entidad bancaria manejaba más de $800 millones en fondos públicos, según consignó la Fiscalía en base a estimaciones del ministerio de Economía.
Peña, un economista de 47 años, tuvo hasta el 2025 acciones en Ueno Holding, ente que controlaba el banco que funcionaba como tal desde el 2023.
Carvallo había presidido Ueno antes de asumir al frente del Banco Central en el 2023, cargo que ocupó hasta el miércoles.
La crisis del Ueno Bank afecta directamente a casi tres millones de cuentas que abarcan desde pensionados, empresas públicas y privadas y hasta la propia Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
La intervención del banco provocó fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.
Peña, del Partido Colorado (conservador), fue arrestado el viernes en su residencia de Asunción menos de una hora después de haber sido destituido en un acelerado juicio político en el Senado.
Los legisladores no le habían aceptado la renuncia, lo que le habría asegurado fueros al convertirse en senador vitalicio.
En paralelo, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña, asumió el viernes como mandatario, con la atención puesta en la respuesta de su gobierno al colapso bancario.
‘Descalabro financiero’
Al asumir, Alliana prometió que los afectados por el “descalabro financiero” serán compensados y ordenó prioridad para los ahorristas de menores recursos.
Alliana, de 52 años, deberá completar el mandato presidencial hasta agosto del 2028.
El mandatario informó el sábado que ya se realizaron pagos a 1.196.000 cuentas por un monto equivalente a unos $160 millones.
“También garantizamos el pago de haberes y aguinaldos a la totalidad de los jubilados del (instituto de seguridad social) IPS”, comunicó en X.
El Banco Central difundió una lista de entidades bancarias que estarán abiertas durante el fin de semana y afirmó que ya se le devolvieron depósitos a “más del 50%” de los ahorristas afectados.
La destitución presidencial tiene antecedentes en Paraguay. En el 2012, el Senado removió al presidente izquierdista Fernando Lugo por “mal desempeño de sus funciones”.