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Tegucigalpa, Honduras. El estado de excepción vigente en Honduras desde 2022 para combatir la criminalidad ha propiciado casos de tortura y abusos de poder, afirmó este jueves una ONG de derechos humanos.
La medida decretada por la presidenta izquierdista Xiomara Castro el 6 de diciembre de 2022 es semejante en algunos aspectos al régimen de excepción instaurado en El Salvador en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, que redujo en forma drástica los homicidios pero es criticado por grupos de derechos humanos.
“Lejos de garantizar seguridad”, el estado de excepción en Honduras ha contribuido a una “mayor percepción de inseguridad [...] y propiciado múltiples abusos de poder, incluyendo malos tratos, lesiones y actos de tortura”, aseguró la ONG Cristosal en un informe.
El estado de excepción permite arrestos sin orden judicial. Además, la Policía Militar fue desplegada en las calles.
La medida ha estimulado “violaciones a los derechos humanos”, “impactos psicosociales significativos”, especialmente en grupos vulnerables, “deteriorando la salud mental”, señaló el grupo.
“No ha habido una disminución sostenida de la violencia, la gente sigue sufriendo la violencia, pero sí ha tenido un alto costo en derechos humanos”, dijo René Valiente, investigador de Cristosal, en la presentación del informe.
Según la Secretaría de Seguridad, 9.668 sospechosos fueron detenidos en este tiempo por “diversos delitos”.
La ONG afirmó que el estado de excepción pone en riesgo las elecciones de noviembre próximo, pues las fases previas del proceso -primarias, inscripción de candidatos- “se han desarrollado bajo condiciones de control, vigilancia y militarización”.
El informe, elaborado con base en 106 entrevistas, cita a un hombre identificado como Javier que afirma que la policía “estigmatiza a los jóvenes (por su vestimenta), por el corte de cabello” y sus zapatos.
Suyapa, una mujer de la capital, sostuvo que “la violencia ha aumentado notablemente”, porque “la policía está utilizando más violencia”.
La abogada Brenda Zúniga relató en la presentación del informe que un niño vio a unos agentes golpear a su madre durante un allanamiento a su casa. “El niño de cuatro años me mencionó que cuando él creciera iba a matar policías”, dijo la profesional.
La ONG indicó que en Honduras la extorsión continúa, “negocios pequeños han cerrado por miedo, y la ‘cuota’ que imponen las maras y pandillas” a sus víctimas persiste “con total impunidad”.
Cristosal es una reconocida ONG que también operaba en El Salvador, pero se vio forzada a exiliarse al denunciar una “escalada represiva” del gobierno de Nayib Bukele.
El estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos registró 924 quejas entre diciembre de 2022 y abril de 2025 por “abusos” de policías.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró recientemente que con el estado de excepción bajaron los homicidios en 25% en 2024, “el nivel más bajo de la historia”: 26,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Honduras había cerrado 2023 con 34,5 homicidios por cada 100.000 habitantes y 2022 con 38,2, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.
