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Madrid, España. El Gobierno de Españana dio a Italia un plazo de tres días, hasta el domingo 9 de agosto, para que levante la suspensión del espacio Schengen impuesta tras la crisis migratoria en Ceuta. De lo contrario, advirtió que “España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”.
Fuentes gubernamentales apremiaron al Gobierno de Giorgia Meloni para que rectifique su postura, “ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos”.
Desde el Gobierno español denunciaron que el pasado 1 de agosto Italia reintrodujo “los controles en frontera con España”, lo que afectó “a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival”.
En Moncloa recordaron que la medida se ha llevado a cabo “sin precedentes en la historia reciente”, además de adoptarse “sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad”. “Es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española”, reiteraron sobre la iniciativa.
El Ejecutivo insitió en que Meloni obvia que ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada “pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma” tiene “un régimen especial en el mismo”. También subrayaron que la “práctica totalidad” de los migrantes ilegales “ya han retornado a Marruecos”.
Al igual que señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las fuentes también han indicado que Italia es, según Frontex, el “Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España” y que su Gobierno, desde el año 2022, “no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto” de países europeos.
Pese a ello, el Gobierno español defendió que “nunca ha introducido controles para Italia y “siempre se ha mostrado solidario”, acogiendo “parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”.
Crisis dimplomática
El Gobierno italiano suspendió temporalmente el pasado 31 de julio el acuerdo ‘Schengen’ con España, lo que paralizó la libre circulación entre las fronteras marítima y aérea, y activó controles en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta, una medida que Roma ha defendido como necesaria para “salvaguardar la seguridad nacional”.
Desde Italia señalaron que los controles en frontera no implicarían ningún cambio para los ciudadanos italianos, españoles y de otros países pertenecientes al espacio Schengen que viajen a Italia, sino que afectarían solo a nacionales de países extracomunitarios que viajen desde España.
Sin embargo, en aeropuertos italianos como Roma o Venecia hay una fila específica en el control para los viajeros que lleguen exclusivamente desde España acrediten su documentación.
El cierre del ‘espacio Schengen’ desencadenó una crisis diplomática entre ambos países, con la convocatoria del embajador de Italia en Madrid, Giuseppe Buccino Grimald. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reprochó además a su homólogo italiano que vinculara la llegada masiva de migrantes a Ceuta con la regularización, calificándolo de “demagogia partidista”.
Ministro del Interior responde
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también pidió públicamente a Italia que elimine los controles en la frontera con España, al tiempo que subrayó que no ha habido ningún riesgo para el ‘espacio Schengen’ pues, tal y como recalcó, de Ceuta y Melilla nadie puede salir sin identificarse.
En ese sentido indicó que su homólogo italiano, Matteo Piantedosi, manifestó “el reconocimiento” al trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez en la reacción a la crisis de Ceuta.
En la reunión con el resto de ministro europeos del Interior, Marlaska trasladó además que no comprendía el establecimiento de controles porque, a su juicio, no existe el riesgo de estos migrantes crucen a la península y se muevan por otros países de la UE.
Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió que la decisión de Roma de excluir a España de ‘Schengen’ “se ajusta a los tratados” de la Unión Europea, alegando que en la ciudad autónoma de Ceuta permanecen migrantes que no pueden ser deportados.
“¿Qué será de ellos? ¿Adónde irán?”, se preguntó el jefe de la diplomacia italiana, en una publicación en el que ha aprovechado para subrayar que “el nuevo Pacto de la UE sobre asilo y migración tiene un marcado carácter italiano, siguiendo la estela de las enseñanzas de Silvio Berlusconi y de los gobiernos que él dirigió”.
En un mensaje dirigido a su homólogo español, José Manuel Albares, presumió también de que Roma ha reducido un 60% la entrada de migrantes irregulares desde 2023, mientras que en los siete primeros meses de 2026 los desembarcos han disminuido un 80% respecto al mismo período tres años antes.
