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Madrid. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este jueves a España por las graves irregularidades en la investigación de la violación de dos mujeres mediante sustancias químicas en el 2016, señalando posibles falsificaciones de pruebas y connivencia entre uno de los acusados y un policía.
Los hechos se remontan al 7 de diciembre de 2016, cuando dos mujeres españolas conocieron a dos hombres en un bar.
Al despertar a la mañana siguiente, se encontraron desnudas en la casa de uno de ellos y aseguraron haber sido drogadas y violadas, según el comunicado del TEDH.
Los hombres detuvieron que las relaciones habían sido consentidas.
Semanas después, otra investigación reveló que uno de los acusados era cuñado de un policía asignado al caso. Además, se descubrió que varias pruebas cruciales, como los datos de un teléfono móvil y las imágenes de cámaras de seguridad del bar, desaparecieron o fueron alteradas mientras estaban bajo custodia policial.
Las principales deficiencias incluyeron la pérdida y alteración sistemáticas de elementos de prueba potencialmente cruciales que estaban bajo custodia policial.
Específicamente, desapareció un informe de peritaje científico sobre el teléfono celular de uno de los sospechosos, partes de las imágenes de videovigilancia del bar donde se encontraron las personas desaparecieron o fueron alteradas, y los discos duros con análisis científicos de los teléfonos de los sospechosos fueron vaciados y sus datos sobrescritos, dice la nota de prensa.
La Corte consideró que estas deficiencias eran más que «errores aislados» u omisiones de investigación menores, según describe el comunicado oficial de ese tribunal.
En 2018, la fiscalía española decidió no procesar a los sospechosos por considerar que no había pruebas suficientes de relaciones sexuales no consentidas.
Un procedimiento posterior, iniciado en 2021, tampoco logró demostrar que los acusados hubieran administrado sustancias incapacitantes ni que supieran que las mujeres estaban inconscientes. Los recursos presentados ante la justicia española fueron igualmente rechazados.
Sobre ese aspecto del caso, la Corte cuestionó la independencia y la efectividad de la respuesta de las autoridades, ya que las investigaciones sobre las posibles faltas policiales se abrieron solo después de un tiempo considerable y se confiaron a los mismos órganos judiciales y policiales que habían supervisado la investigación inicial.
Tras presentar el caso ante la instancia europea en noviembre de 2023, el TEDH emitió este jueves un fallo condenatorio, considerando que las deficiencias en la conservación de pruebas superaban errores aislados u omisiones menores.
El tribunal también criticó el prolongado retraso en iniciar investigaciones sobre posibles faltas policiales y que dichas pesquisas fueran confiadas a los mismos órganos que supervisaron la investigación inicial.
Como resultado, España deberá pagar 20.000 euros a cada demandante por daños morales y 5.000 euros en conjunto por costas y gastos.
