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Caracas, Venezuela. El gobierno de Venezuela aprobó, bajo presión de Estados Unidos, una reforma del sector minero para atraer capitales privados y compañías extranjeras. Pero choca con un grave problema: buena parte de las zonas ricas en minerales del país están bajo férreo control de bandas armadas y guerrillas.
Venezuela dispone de las mayores reservas comprobadas de petróleo en el mundo, pero también tienen grandes cantidades de oro, diamantes, bauxita, coltán y de tierras raras.
La actividad se concentra principalmente en el Arco Minero, ubicado en el centro del país, y más al sur en los estados Bolívar y Amazonas.
Estas zonas son controladas por grupos armados conocidos como “sindicatos”, que imponen su ley por la fuerza. Se trata de mafias y guerrillas colombianas desplazadas hacia Venezuela.
“Es un oro de sangre que, que no termina de ser identificado como tal”, explica Lisseth Boon, autora de Oro Malandro, una investigación sobre la minería ilegal en Venezuela.
El miedo impera en estas regiones, cuyos habitantes denuncian constantes extorsiones. Los sindicatos exigen sumas de dinero a cambio de protección contra la criminalidad generada por ellos mismos.
“Los sindicatos controlan todo, es el día a día”, dijo bajo anonimato a la AFP una habitante de la zona. “No se puede hablar de ciertos temas”, remarcó.
Fabio: un Pablo Escobar
Estos grupos aplican sus propias normas. En algunas zonas establecieron tribunales informales que dirimen conflictos y delitos, desde infidelidades conyugales hasta robos y asesinatos. Las sanciones incluyen multas, palizas e incluso mutilaciones o torturas.
Algunos habitantes consideran que los bandidos que controlan la zona han “pacificado” lugares donde antes predominaba la anarquía.
Antes “si tú conseguías una pepa de oro grande, te podían hasta matar otros mineros para quitártela”, relató bajo anonimato un habitante de El Dorado, un lugar famoso por la minería artesanal donde también se encuentra una prisión por la que pasó el famoso presidiario francés Papillon.
El Dorado está controlado por Fabio, un “pran” (jefe delictivo) que, como otrora Pablo Escobar en Colombia, cuenta con apoyo de la población.
“No puedo decir nada (malo) de él”, afirma el habitante de la localidad. “La economía se ve un poco más estable y la seguridad también”, agregó.
El hombre contó que Fabio ayuda a los enfermos, repara canchas deportivas, asfalta calles y colabora económicamente con personas e instituciones necesitadas.
Estos grupos “no se meten” con las empresas extranjeras que operan legalmente, explica. Esas compañías pagan al Gobierno y no a los sindicatos.
Según el informe La explotación del oro en Venezuela: devastación, caos y corrupción, de la ONG Transparencia (2025), “los grupos irregulares vinculados con el chavismo” controlan el 20% de la producción de aproximadamente 68 toneladas que se extraen anualmente.
Transparencia estima que 66% de los cerca de $5.500 millones generados por la explotación están controlados por “alianzas estratégicas con la élite política”, empresas mixtas público-privadas con límites difusos.
Se desconocen los criterios “para seleccionar a los socios en alianzas estratégicas, el alcance de sus obligaciones, la duración de acuerdos, el nivel de producción, la cantidad de contratos” firmados, indica Transparencia.
Desde 2016, “se incrementó la producción de oro, pero no la recaudación para el Estado”, añade la ONG.
“Control absoluto”
Los grupos empezaron a ejercer control de las minas y la actividad minera tras la nacionalización en 2011, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) “suspendió todas las concesiones de las transnacionales mineras”, según Boon.
Los sindicatos emergieron tras la “ausencia de control” y establecieron “una distribución territorial de las minas”, añadió la periodista de investigación.
Esa “distribución” fue resultado de enfrentamientos armados con balances mortales: en 2017 hubo ocho muertos en el Callao y 11 en Tumeremo, misma locación donde un año antes se produjo la masacre de 17 mineros, asesinados a tiros y abandonados en una fosa común.
Se suman además innumerables asesinatos esporádicos.
Boon hace referencia a una “gobernanza criminal” con acuerdos tácitos entre sindicatos y el Estado.
“Eso es lo que explica que una zona que está totalmente militarizada y donde supuestamente hay una presencia del Estado, esté controlada por estos grupos criminales en las minas”, razonó.
Los sindicatos desarrollaron “un control bastante profundo de estos territorios”, afirmó a la AFP una investigadora de Insight Crime.
Una investigación de esta organización destaca al sindicato Las Claritas, que cobra impuestos por las actividades mineras en su territorio, además de exigir a mineros y comerciantes “vacunas” (coimas) a cambio de protección.
Los tentáculos de los sindicatos exceden al ámbito económico, buscan “mantener el control absoluto, no solo de las minas, sino de la vida cotidiana de los habitantes, de los pueblos mineros”, subrayó Boon.
Se requerirá una enorme voluntad política para extinguir este “patrón de esclavitud moderna”, opina.
