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Bogotá. “Empezó la limpieza en el Cauca”. Eso decían decenas de panfletos con los que el corregimiento de Tacueyó amaneció entapetado la madrugada del lunes 14 de octubre. Horas antes, las autoridades habían encontrado el cuerpo de Toribío Canas Velasco, miembro de la guardia indígena nasa, quien había sido acribillado en su casa por encapuchados.
Cinco días después vino la segunda advertencia. “Buenas tardes, cabrones (…). Por cada cabeza de guardia (indígena) y coordinadores de guardia pagamos 10 millones de pesos”, se leía en otra amenaza. Y en esta incluían a los dos indígenas que aspiraban a la Alcaldía de Toribío -Diego Yatacué y Silvio Valencia-, a quienes les dieron 12 horas para salir de la zona.
Pero el país tan solo se dio cuenta de la magnitud de esas amenazas el martes 29 de octubre. A las 4 de la tarde, varios hombres que se movían en una camioneta negra Toyota Fortuner, escoltados por una Hilux, una moto y por otras dos 4 × 4, atacaron con fusiles el carro de la gobernadora neehwe’sx Cristina Bautista, en la vereda La Luz, de Tacueyó.
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Balas de fusil traspasaron el blindaje nivel 3 de su camioneta y la líder murió junto con los guardias Asdrúbal Cayapu, Eliodoro Inscué, José Gerardo Soto y James Soto cuando intentaron frenar la caravana en la que iban Gerardo Ignacio Herrera, alias Barbas, capo de la disidencia ‘Dagoberto Ramos’ de las FARC, y sus lugartenientes. Cinco indígenas se salvaron milagrosamente de las balas y de las granadas de fragmentación que les lanzaron y que no estallaron.
El mismo vehículo había tumbado 24 horas antes las barricadas de la entrada del resguardo. Ese día, Bautista envió uno de sus últimos mensajes de voz: “Pasó una camioneta negra llevándose los troncos. La guardia salió y les dispararon. Gracias a Dios no hubo heridos, pero estamos en alerta”.
El poder militar y territorial de los asesinos que recorren la zona quedó ratificado 48 horas después. Desafiando al propio Estado -que había llegado a la zona a atender la masacre y a anunciar un refuerzo militar de 2.500 efectivos-, cinco civiles fueron degollados en Corinto, a 14 kilómetros del resguardo. Las víctimas fueron ingenieros que hacía trabajados en la zona, plagada de narcocultivos y con 239 invernaderos de marihuana creepy, muchos si se compara con los proyectos legales de uso medicinal, dice el gobernador del Cauca, Óscar Campo.
Y en las últimas horas, la víctima fue el embera Gilberto Dominico, asesinado en Antioquia.
En el caso de los indígenas del Cauca es claro que la mafia está detrás de los crímenes. “Los narcotraficantes los atacan con fusiles de largo alcance, y la guardia indígena solo tiene sus bastones de mando para defenderse”, asegura la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
La mano del narcotráfico
Los están asesinando porque se niegan a que sus territorios sean usados para extender los narcocultivos -que suman 61.175 hectáreas en Cauca, Chocó y Nariño- y crear corredores por donde se mueva coca, marihuana y armas. Incluso, narcos de Caquetá y Risaralda, al igual que la banda ‘los Pelusos’ de Norte de Santander, están migrando a esa zona ante la bonanza.
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“Por Cauca y Chocó está saliendo la coca más pura que se está comercializando en Europa y en Estados Unidos, con casi un 94% de concentración. La sacan incluso a través de corredores aéreos y pistas clandestinas, ubicadas en grandes haciendas en donde funcionan laboratorios y en donde se ocultan los emisarios del cartel de Sinaloa, de los Zetas y de Jalisco Nueva Generación”, le dijeron a El Tiempo fuentes de la Fiscalía.
Los emisarios de los sanguinarios carteles mexicanos ya tienen narcocultivos, laboratorios y alianzas con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para sembrar coca y terror. De hecho, en la zona aseguran que los panfletos que vienen firmados por Sinaloa los elaboran las Águilas Negras, que trabajan como una oficina de cobro al servicio del mejor postor.
También se abrió espacio en esa convulsionada región la banda de Iván Márquez, y más al sur, los patrones son los miembros de la disidencia Óliver Sinisterra, cuyo poder le fue heredado por el extinto alias Guacho a Carlos Landázuri, alias Fabián.
Riesgo de exterminio
“Lo que está pasando en el Cauca con los nasa es lo mismo que está pasando con los awá, embera y los dóvida, en Chocó, Antioquia, Nariño y Quindío. Desde agosto del 2018 hasta el 23 de octubre de este año hemos contabilizado 23.388 hechos violentos, que también se extienden a La Guajira, en donde mataron a Oneida Epiayú, el pasado 17 de octubre”, expresó a este diario el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias.
Epiayú estaba denunciando graves irregularidades en programas de alimentación que opera el ICBF, lo que deja claro que las balas que matan indígenas también las compran los corruptos.
Además, líderes indígenas exigen que se investigue si el crimen de Ómar Gusaquillo -el 5 de septiembre, en zona rural de Jamundí, Valle- fue o no un ‘falso positivo’. Versiones indican que Gusaquillo y su acompañante pidieron que el Ejército no disparara y advirtieron de que estaban desarmados. La Tercera Brigada señaló que hubo un intercambio de disparos y que el caso está en manos de la Fiscalía.
En los últimos nueve años se han registrado 354 crímenes de indígenas, 126 de ellos en los últimos 14 meses. Sus líderes no dudan en calificarlos de genocidio. Por eso, alistan una demanda contra la nación, porque dicen tener a 67 de sus pueblos en riesgo de exterminio físico o cultural. La Corte Constitucional reconoce ese riesgo, en 39.
Los indígenas suman 1,9 millones, el 4,4% del total de la población nacional, un número similar al de Ecuador, en donde son 1,4 millones (el 8% de la población). Y como allá, acá sus protestas han ido tomando fuerza con las llamadas mingas y con la presencia de sus líderes en alcaldías y en el Congreso.
Pero los indígenas saben que si el Estado no ha podido frenar al narcotráfico con Fuerzas Armadas, labores de inteligencia y programas de erradicación, menos lo van a hacer ellos a punta de bastones y cinturones humanos. Con ese mecanismo, apenas han podido capturar a 17 miembros de la disidencia de las FARC, que permanecen en sus calabozos y cuyo armamento ha sido destruido por la comunidad.
De hecho, el día de la masacre, la guardia indígena intentaba evitar el secuestro de dos personas y acababa de anunciar la decisión de erradicar narcocultivos. “Los secuestrados iban atados en una de las camionetas de la caravana y lo que se quería era liberarlos para que no fueran fusilados”, declaró Alcibiades Escué, alcalde de Toribío.
Más que tropa
Tras calificar de demencial la masacre indígena, el gobernador del Cauca coincidió con el representante del departamento John Jairo Cárdenas en que el modelo de intervención del Estado en la zona no ha servido y debe cambiar. Ambos creen que si bien se necesita tropa, su presencia debe ser concertada con las comunidades y tener un enfoque social.
“Además de narcocultivos, acá hay pobreza y se necesita sustituir la coca y la marihuana”, recalcó el gobernador.
Líderes indígenas llaman la atención en que allí hay siete bases militares, vecinas de los resguardos. Por eso se preguntan: ¿por qué no ven la salida de la coca? El Gobierno responde que -a corte de octubre- se ha incautado de 144 toneladas de coca, el 75% en el Pacífico. Y van más de 65.000 hectáreas de narcocultivos erradicadas manualmente.
Pero nadie sabe con certeza qué pasa en los resguardos. Versiones señalan que incluso hay fincas al servicio de capos.
Para el consejero presidencial de Seguridad, Rafael Guarín, la mafia presiona a indígenas para que permitan o participen en narcocultivos en sus territorios. Y el excandidato a la Alcaldía de Toribío Diego Yatacué admite que la coca es un mecanismo de subsistencia para algunos jóvenes.
Si bien la ministra Gutiérrez insiste en que no hay zonas vedadas para que la Fuerza Pública entre a ejercer control, Guarín asegura que los líderes indígenas exigen ser consultados. “Hay una mala interpretación del llamado control territorial: una cosa es que se les reconozca su autonomía y otra que se impida el ingreso de la Fuerza Pública. En mesas de diálogo estamos buscando cómo articular ambas fuerzas”, explicó Guarín.
Agregó que si bien la Corte Constitucional les reconoce autonomía judicial y autogobierno, en materia de orden público el Gobierno no tiene restricción.
Pero una ‘tercera vía’ no parece clara. Dos días después de la masacre en Tacueyó, los indígenas anunciaron que se van a seguir negando a que los uniformados ingresen a sus territorios.
“Así es difícil saber quiénes nos matan. Cuando se va el Ejército, llega la guerrilla y nos acusa de cómplices. Cuando se van ellos, llegan los paramilitares y pasa lo mismo”, explica Rider Nostacuá, consejero mayor de una comunidad awá en Nariño.
Hermes Pete, líder mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), agrega que militarizar sus territorios no va a garantizar que los los asesinen. “Los indígenas se hacen matar, pero no se van a mover de sus territorios. Están decididos a no dejar entrar de nuevo a ningún grupo ilegal”, dice la NIC. Añade que los 2.500 efectivos enviados, son los mismos que movieron hace meses de la Fuerza de Tarea Apolo, en Cauca.
