El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra en medio de una nueva polémica tras la revelación de que la familia real catarí ofreció a su gobierno un avión Boeing 747-8 de lujo para su uso temporal como Air Force One.
La noticia desató críticas inmediatas por parte de congresistas demócratas y organizaciones de vigilancia ética, quienes cuestionaron la legalidad de aceptar un obsequio de semejante magnitud, estimado en $400 millones.
El avión, descrito como un “palacio en el cielo”, sería reacondicionado por el contratista militar L3Harris en Texas y estaría equipado con capacidades de defensa.
Según The New York Times, la aeronave quedaría en manos de la biblioteca presidencial de Trump al finalizar su mandato, lo que plantea dudas sobre su uso personal posterior.
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Trump confirmó su intención de aceptar la oferta en una publicación en redes sociales, donde defendió el gesto como “una transacción muy pública y transparente”.
Afirmó que “los demócratas corruptos” se oponían porque preferían pagar “al precio más alto” por un nuevo Air Force One.
El medio de comunicación VOX resaltó que Trump calificó como “perdedores de primera clase” a quienes criticaban la propuesta.
El 13 de mayo, durante una rueda de prensa antes de partir hacia Catar como parte de su gira por Medio Oriente, Trump calificó de “estúpido” rechazar el avión. “Podría ser una persona estúpida y decir ‘no, no queremos un avión gratis y muy caro’”, dijo, según informó la agencia AFP. Además, insinuó que donaría el avión a su futura biblioteca presidencial, como se hizo con un antiguo Air Force One en la de Ronald Reagan.
¿Qué dice la Constitución de Estados Unidos?
Sin embargo, la propuesta enfrenta serias objeciones legales.
La Constitución de Estados Unidos prohíbe a los funcionarios aceptar regalos “de un rey, príncipe o Estado extranjero” sin aprobación del Congreso.
Además, la Ley de Regalos y Condecoraciones Extranjeras de 1966 establece un límite de $480 para regalos personales aceptados por funcionarios públicos. De superar ese monto, deben ser comprados al gobierno o transferidos al Archivo Nacional.
VOX destacó que, si bien el regalo podría legalizarse si permanece como propiedad del gobierno, el hecho de que se contemple su eventual uso personal y su traslado a la biblioteca presidencial genera serios conflictos de interés.
“Un regalo que se usa por cuatro años y luego se deposita en la biblioteca sigue siendo un regalo (y una estafa)”, escribió el congresista demócrata Jamie Raskin en la red social X.
Senadores del comité de Relaciones Exteriores también expresaron su preocupación por el potencial conflicto de intereses.
“Cualquier presidente que acepte este tipo de obsequio crea un claro conflicto de intereses”, afirmaron en un comunicado.
Por su parte, el senador Ed Markey, de Massachusetts, criticó la medida en redes sociales al calificarla como “corrupción flagrante”.
Incluso algunos senadores republicanos manifestaron reservas, como Shelley Moore Capito, quien señaló que la Casa Blanca “necesita revisar la constitucionalidad” del ofrecimiento.
VOX recordó que Trump ya había sido demandado durante su primer mandato por presuntas violaciones a las cláusulas de emolumentos (pagos, beneficios o regalos) aunque la Corte Suprema desestimó los casos en 2021 por tratarse de hechos ya concluidos.
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¿Aceptará el avión?
El vocero del gobierno catarí, Ali Al-Ansari, desmintió que el ofrecimiento se hubiera concretado, indicando que la transferencia del avión aún se encuentra bajo revisión legal. “El asunto sigue siendo examinado por los respectivos departamentos jurídicos”, declaró a The New York Times.
Actualmente, Trump continúa su gira por Medio Oriente con escalas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, donde también se ha anunciado la construcción de un nuevo resort de golf ligado a su organización.
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Según VOX esta coincidencia ha generado más sospechas sobre las motivaciones del regalo.
“Es imposible distinguir entre decisiones tomadas por la Casa Blanca por el bien del país y por el bien de la Organización Trump”, expresó Jordan Libowitz, del grupo Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.
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