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Londres, Reino Unido. Los diputados británicos aprobaron el viernes, con 314 votos a favor y 291 en contra, un proyecto de ley histórico destinado a legalizar la muerte asistida para algunos pacientes en fase terminal.
El texto, que ya había tenido el pasado mes de noviembre un voto favorable de los diputados británicos, en una primera lectura, deberá ser ahora examinado por la Cámara de los Lores para su entrada en vigor.
El proyecto de ley contaba con el apoyo de la mayoría de la población, y permitirá la muerte asistida para Inglaterra y Gales.
La Cámara de los Comunes ya se mostró favorable el 30 de noviembre pasado al proyecto de ley de muerte asistida para Inglaterra y Gales, abriendo la puerta a las fases siguientes de la tramitación legislativa tras un debate marcado por intensas polémicas éticas y religiosas.
Aquella propuesta fue respaldada, con 330 votos de diputados a favor y 275 en contra, para después ser examinada en comisión antes de ser sometida de nuevo a la aprobación de las dos cámaras del Parlamento.
Antes de la sesión de este viernes, partidarios y opositores del texto se reunieron frente al Parlamento.
Los carteles de los contrarios a la ley, con el lema “Kill the Bill, not the ill” (Maten la ley, no a los enfermos), se mezclaron con los de quienes defienden la legalización, en los que se podía leer “My death, my decision” (Mi muerte, mi decisión) o “Freedom of choice” (Libertad de elección).
¿Qué dice el proyecto de ley?
El texto permitiría el suicidio asistido a los pacientes en Inglaterra y Gales que se encuentren en fase terminal, con no más de seis meses de esperanza de vida, y que sean capaces de tomar por sí mismos la sustancia que provoque su fallecimiento.
Tras la primera votación de noviembre, los diputados han realizado varios cambios notables al proyecto inicial.
Además de dos médicos, la decisión final para autorizar la ayuda para morir estará en manos de un comité de expertos, y no será competencia de un juez del Tribunal Superior de Justicia, un cambio criticado por los opositores.
Los profesionales de la salud (enfermeros, farmacéuticos, trabajadores del sector médico) también tendrán derecho a negarse a participar en un suicidio asistido, al igual que los médicos.
También estará prohibido hacer publicidad de los servicios relacionados con el suicidio asistido.
Finalmente, se propondrán expertos independientes para apoyar a las personas que sufran problemas de salud mental, así como un consejo consultivo sobre la discapacidad, encargado de asesorar al gobierno sobre la implementación de la ley y su impacto en las personas con discapacidad.
Sondeo favorable
Según una encuesta publicada el jueves por el instituto YouGov, el 73 % de los británicos apoya el texto tal como está redactado.
Kim Leadbeater, diputada de la mayoría laborista e impulsora de esta propuesta de ley, afirmó a la AFP que el texto es importante para acompañar a personas “confrontadas a la perspectiva de una muerte dolorosa e indigna, para ellas mismas o para un ser querido”.
“La injusticia y la inhumanidad del statu quo nos impiden esperar más tiempo para ofrecerles la esperanza de una muerte mejor”, añadió.
Sin embargo, los que se oponen a la ley estaban preocupados por las personas vulnerables, que en su opinión podrían ser incentivadas a recurrir al suicidio asistido, por miedo a convertirse en una carga para sus familiares o para el sistema de salud.
¿Qué sigue ahora?
Si finalmente el texto es aprobado en ambas cámaras, habrá que esperar cuatro años antes de que el suicidio asistido se implemente.
El pasado 26 de marzo, los diputados de la isla de Man aprobaron una ley que permite el suicidio asistido para personas con enfermedades terminales, convirtiéndose en el primer territorio de Reino Unido en legalizar la ayuda a morir.
Este lugar dependiente de la corona británica, con una población de 84.500 habitantes y situado entre Inglaterra e Irlanda, establece sus propias leyes.
Actualmente, el suicidio asistido es ilegal en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y conlleva una pena de 14 años de prisión por complicidad o incitación.
En Escocia, que tiene poderes delegados en materia de salud, no está tipificado como delito, pero una persona que ayuda a alguien a morir puede ser procesada por homicidio voluntario.
