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Managua. El diario La Prensa de Nicaragua reportó este martes que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por medio de Migración y Extranjería de ese país, prohibió que el sacerdote católico Juan de Dios García ingresara a territorio de Nicaragua.
Según el medio, fuentes de la iglesia comentaron que “el padre estuvo dos meses de viaje en Estados Unidos y hoy le tocaba regresar a Nicaragua, pero le prohibieron embarcar por órdenes de Migración y Extranjería. El domingo le enviaron un correo y ayer otro confirmando”. Al parecer, la salida de García se realizó con normalidad, pues iba de vacaciones donde familiares que viven en Miami. El clérigo es el vicario de la parroquia de Santo Cristo de Las Colinas, en Managua.
La Prensa añadió que “en mayo pasado, la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, permaneció por al menos cinco días bajo asedio policial, luego de que monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, se refugiara en ese lugar, tras ser perseguido por la Policía del régimen”. Actualmente, Álvarez se encuentra en casa por cárcel.
En ese momento, el jueves 19 de mayo, el obispo católico denunció que la Policía lo persiguió todo ese día, y que al final de la tarde habrían irrumpido en su lugar de residencia, por lo que decidió resguardarse en la parroquia de Santo Cristo de Las Colinas.
Durante el tiempo que Álvarez permaneció en esa parroquia, las fuerzas del régimen orteguista rodearon la cuadra e hicieron un retén en la calle donde se encuentra el acceso principal a las instalaciones.
“Desde 2018, en el contexto de represión armada contra las protestas civiles, los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica han sido blanco de ataques verbales y agresiones físicas de parte del régimen de Daniel Ortega, por demandar respeto a los derechos humanos”, publicó La Prensa.
La dictadura nicaragüense mantiene privados de libertad a siete líderes religiosos, mientras que un obispo (Álvarez) está en casa por cárcel y dos sacerdotes fueron condenados por “supuestos delitos comunes”.
