Alto costo de ‘guerra’ contra pandillas: Amnistía denuncia violaciones en El Salvador

“El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador durante los últimos años es sumamente preocupante”, aseguró la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer, en un informe sobre el país centroamericano.

En ese sentido, la organización humanitaria alertó que “la adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho” llevaron al país a una de sus peores crisis desde el fin de la guerra civil (1980-1992).

En respuesta a una escalada de 87 asesinatos en un fin de semana atribuido a las pandillas en marzo de 2022, el presidente salvadoreño Nayib Bukele lanzó una “guerra” contra ellas al amparo del régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, cuestionado por la organización y otros grupos de derechos humanos.

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En 20 meses, fueron detenidos más de 73.800 presuntos pandilleros, muchos sin proceso, aunque más de 7.000 inocentes debieron ser liberados, según las autoridades.

Amnistía criticó “la profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública”, “la adopción de un marco legal que pone en riesgo el debido proceso” y “el uso sistemático de la tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad”.

“Las medidas del régimen de excepción han dado pie a la ejecución de patrones recurrentes de violaciones durante los ciclos de detención, procesamiento y encarcelamiento”, agregó.

La organización “insta al Estado salvadoreño a poner fin a las políticas de seguridad represivas” y “cesar las violaciones de derechos humanos”, dice el informe.

Además, los casos documentados por Amnistía Internacional dan cuenta de personas “detenidas arbitrariamente” y “proyectos de vida truncados por acusaciones falsas”.

“Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas”, afirmó Piquer.

Hasta octubre, asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos locales denuncian 327 casos de desapariciones forzadas y más de 190 muertes bajo custodia estatal.

Amnistía también recomendó “un retiro ordenado de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil”.

La guerra contra las pandillas dieron altos niveles de apoyo ciudadano a Bukele, quien buscará la reelección como favorito en los comicios de febrero, aunque la oposición asegura que su candidatura es “inconstitucional”.

Bukele dejó provisionalmente el mando el viernes para participar en la campaña electoral.