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Soyapango, El Salvador. A Williams Díaz lo detuvieron soldados hace más de tres años cuando iba a trabajar. Hoy, en la megacárcel de pandilleros de El Salvador, aguarda su juicio colectivo: “Es inocente y será juzgado con criminales”, lamenta su madre.
Los juicios masivos en El Salvador avanzan contra unas 91.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción que impuso el presidente Nayib Bukele hace cuatro años, en su “guerra” antipandillas.
“Unos van a pagar por otros. Si condenan a uno, condenan al montón (...) Pagarán justos por pecadores”, dice a la AFP Gladis Villatoro, vendedora de pupusas de 55 años, en su modesta vivienda en Soyapango, 20 km al este de San Salvador.
No lejos de allí, Reynaldo Santos, un panadero de 58 años, teme que a su hijo, uno de los 8.000 procesados en libertad, lo vuelvan a encarcelar para enjuiciarlo cuando vaya al juzgado a firmar.
“Es una ruleta rusa, una zozobra, un calvario”, describe Santos, quien cuenta que Jonathan fue detenido cuando jugaba en casa el videojuego Fortnite, según la policía de “mareros”.
La fiscalía general prometió 3.000 acusaciones en el primer trimestre para juzgar a “pandilleros” en grandes grupos por zonas donde operaban.
El vicepresidente Félix Ulloa considera los juicios “innovadores”, defiende que la responsabilidad sea “colectiva” y las penas se apliquen según la jerarquía en cada clica (célula) pandillera.
Hace diez días, El Salvador aprobó castigar con cadena perpetua a los “terroristas” -como el gobierno llama a los pandilleros-, incluso menores.
Las prisiones serán “pozos humanos”, advierte la penalista Roxana Cardona.
La AFP solicitó comentarios de la fiscalía y el gobierno, hasta ahora sin respuesta.
‘Fábrica de condenas’
A Jonathan, empleado de maquila de 24 años, lo agruparon en una clica de la Mara Salvatrucha con unos 80 detenidos. A Williams, técnico de aires acondicionados de 35 años, en una de la Barrio 18. No tenían antecedentes penales, según sus padres y documentos vistos por AFP.
“Desde que los agrupan, los están declarando culpables. Hay presunción de culpabilidad, no de inocencia”, afirmó un abogado que defiende a 45 prisioneros, al señalar que la fiscalía “optó por juicios masivos porque no puede investigar a tantos detenidos”.
Uniformados con ropa blanca, sentados en filas, los acusados siguen virtualmente desde varias prisiones el juicio que transcurre en una sala del juzgado contra el crimen organizado. Juez, fiscal y abogados los ven en pantallas.
Reformas recientes a la ley de crimen organizado no individualizan la responsabilidad penal y eliminaron la audiencia de valoración de pruebas. Por eso a estos juicios se va prácticamente condenado, dicen abogados entrevistados por AFP, bajo anonimato por seguridad.
“Son un mero trámite. Esto no es innovador, es una fábrica masiva de condenas. Ya hay unos 20.000 agrupados”, sostuvo el defensor de un vendedor de verduras condenado en febrero a 30 años de cárcel, con otras 163 personas.
Antes del juicio hay una audiencia donde un pandillero preso y con el rostro oculto atestigua sobre los acusados, a menudo sin pruebas o con falsedades para rebajar su pena, según abogados.
A veces los defensores no son convocados a esa audiencia y, al desconocer la acusación concreta, no pueden prepararse para el juicio, explican.
“Es una involución del derecho”, opina el defensor del verdulero, a quien vio apenas un minuto antes del juicio. “Sólo alcancé a preguntarle cómo estaba y decirle: ‘tu familia te quiere y sabe que eres inocente’”.
No saldrán ‘nunca’
La información es mínima porque los casos están bajo reserva y la incomunicación es total. La angustia de Villatoro crece desde que supo que su hijo tiene insuficiencia renal.
“Hace un año de eso y no sé cómo está”, susurra para que no la escuche el hijo de Williams, de seis años, que corretea por la casa.
Bukele, quien controla todos los poderes del Estado, es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero oenegés denuncian 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción, que permite capturas sin orden judicial.
Human Rights Watch (HRW) documentó detenciones por llamadas anónimas, rencillas vecinales o para que policías cumplieran cuotas a cambio de bonos.
Villatoro y Santos aseguran que sus hijos fueron parte de esas cuotas y se endeudaron para pagar el abogado. Pero muchos solo tienen al defensor público.
“Llevan 150 casos o más. No conocen la vida de cada detenido. Además, los jueces son anónimos, tienen temor o son fieles al gobierno”, aseguró un abogado privado que defiende a una docena.
Con las reformas, muchos podrían pasar más de cinco años sin condena pues la fiscalía puede mantener el proceso abierto hasta 2027 para sumar acusaciones o imputados.
Estos juicios “carecen de garantías básicas de debido proceso y ello aumenta el riesgo de condenar a inocentes”, comentó a AFP Juan Pappier, subdirector para América de HRW.
Villatoro no deja de pensar que Bukele prometió que del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde está Williams, no saldrán “nunca”. “Pero Dios va a hacer el milagro”, confía la mujer.
Santos cuenta que su hijo padece ansiedad y depresión, muestra un fajo de documentos y dice, sollozando, solo pedir que los dejen defenderse: “Quisiéramos que esta pesadilla termine”.
