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Lubumbashi, RD Congo. Cargando a su hija cubierta de llagas por un campo lleno de basura, Hélène Mvubu dice ser una de miles de víctimas de los desechos tóxicos que contaminan la capital minera de la República Democrática del Congo (RDC).
La RDC está en el punto de mira de grandes potencias como China y Estados Unidos, ávidas de los minerales estratégicos que alberga un país que suministra más del 70% del cobalto del mundo, necesario en la fabricación de baterías eléctricas y armas.
Sin embargo, grupos de derechos humanos llevan tiempo denunciando que las operaciones de minería causan graves daños ambientales en el país africano rico en minerales.
Según dijo Mvubu a la AFP, hace tiempo que sufre las consecuencias de la las aguas contaminadas vertidas por la empresa china Congo Dongfang International Mining (CDM), que procesa mineral de cobre y cobalto en la provincia de Katanga, en el sudeste del país.
“La comida que preparamos se vuelve amarga, nuestras fuentes de agua están contaminadas”, afirma la agricultora mientras camina por su terreno, donde la caña de azúcar se volvió amarilla.
Las tierras de Mvubu se ubican directamente por donde sale el agua desechada de la planta de CDM, que se alza en una colina, rodeada de un imponente muro de concreto con guardias de seguridad.
Se desconoce la magnitud de la contaminación.
Pero cuando llueve, se ve el agua roja que sale de los cuatro puntos de drenaje bajo el recinto.
Pobladores y grupos de sociedad civil consultados por AFP acusaron a CDM de aprovechar los períodos de lluvia para echar el agua de la minería.
A inicios de noviembre, miles de metros cúbicos de agua rojiza salieron en dos días del sitio de la compañía, pese a que no había llovido.
La indignación que generó llevó a las autoridades congolesas a suspender las actividades de la empresa en ese lugar y designar una comisión investigadora, algo raro en un país donde las firmas mineras suelen operar con impunidad, a veces con la complicidad de las autoridades locales.
‘Para aparentar’
“Todo el mundo se sorprendió de ver el agua que nos inundó sin que hubiera llovido”, comentó otra habitante, Hortance Kiluba, mientras lavaba ropa.
Joseph Kongolo, de la comisión investigadora y coordinador provincial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que la empresa china “se confundió por el clima y abrió las válvulas antes de que lloviera”, lo que hubiera disimulado el flujo.
CDM aseguró que la inundación de noviembre se produjo porque una cuenca de retención se rompió accidentalmente.
Pero varios miembros de la comisión investigadora aseguran que la contaminación del sitio data de hace varios años.
Y aunque no se ha publicado ningún estudio sobre la toxicidad del agua vertida, fueron varios los vecinos que dijeron a AFP que están sufriendo los efectos en sus propias carnes.
Martiny, una vendedora de frutas y verduras del mercado local, mostró sus manos y pies “dañados”, lo que atribuyó al agua “ácida”.
La inundación de noviembre llegó al mercado y cubrió su pescado seco, que quedó incomible.
Para calmar las cosas, empleados de CDM repartieron máscaras y botellas de agua en la comunidad.
La firma también ayudó con las reparaciones de trechos de carretera dañados por las aguas.
“Es solo para aparentar”, aseguró un dirigente local que pidió el anonimato.
Según el responsable, la empresa sobornó a varios miembros de las autoridades para que convencieran a la gente de que el vertido se produjo de forma accidental, y que no fue intencionado.
Responsabilidad compartida
Un representante de CDM negó a la AFP que hubiera habido negligencia y aseguró que “los materiales son procesados en el sitio” y que “no pudo haber alguna contaminación previa” a noviembre.
CDM, subsidiaria de la multinacional china Zhejiang Huayou Cobalt, ha sido muy cuestionada por grupos de derechos humanos.
Hubert Tshiswaka, director general del Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH) y miembro de la comisión investigadora, ha luchado por conseguir que CDM cumpla sus obligaciones sociales y financieras, como el pago de regalías mineras, como exige la ley.
“Curiosamente, la CDM obtuvo todos sus permisos para instalarse en esta colina”, donde el agua de lluvia baja naturalmente a los barrios situados en su parte baja, señaló.
El derrame apunta al “desprecio (de CDM) por las normas básicas” con “graves repercusiones para el medioambiente”, indicó el ministro de Minería, Louis Watum Kabamba. Sin embargo, la investigación destaca que “las responsabilidades son compartidas”.
“Nuestro gobierno debió haber cumplido su papel”, admitió.
