EscucharEn su reciente participación en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC 2025), en Francia, el presidente Rodrigo Chaves criticó a quienes hablan sobre defender el ambiente, pero no transforman su discurso en acciones.
“¡Qué fácil es hablar!“, criticó en uno de los actos, y luego remarcó que es más necesario ”hacer la parte difícil, que es tomar acción”. Esas palabras, sin embargo, podrían aplicarse hasta cierto punto para su propio gobierno.
En el extranjero, el presidente Chaves destaca la importancia del modelo de conservación ambiental del país. Pero en Costa Rica, su administración se ha visto marcada por reclamos de financiamiento por parte de entidades de protección ambiental, por ideas controvertidas en materias como pesca de arrastre o exploración petrolera, y por escándalos ambientales en zonas protegidas.
Nota metodológica: Todos los antecedentes que se mencionan en este artículo constan en diversas notas de prensa, y cada mención que se hará sobre las mismas incluye el enlace correspondiente.
Las palabras del presidente
El presidente destacó en Niza, Francia, el modelo de conservación ambiental costarricense y lo señaló como la clave para que el país disponga de un 6% de la biodiversidad mundial, a pesar de que solo representa un 0,03% de la masa terrestre del planeta.
Chaves también calificó la protección de los bosques como una decisión “valiente y radical” del país en su historia, junto con la abolición del Ejército; y aseguró que ahora se está haciendo lo mismo con el océano.
Ese discurso, sin embargo, se contradice con acciones y omisiones de su gobierno.
Inversión pública
A pesar de las palabras de Chaves sobre el modelo costarricense, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) recientemente advirtió de que podría caer en un cierre técnico en 2026 debido a un déficit presupuestario.
La entidad no solo alega que recibiría menos recursos de los que había solicitado para sus partidas de servicios, sino que incluso se les girarían aún menos recursos que los que ya ejecutó el año pasado (2024).
El Sinac es la entidad que se encarga de proteger los parques nacionales, humedales y refugios de vida silvestre, entre otros; y responde al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Su financiamiento es responsabilidad del Gobierno de la República.
Según dicha dependencia, el déficit sería de ¢3.462 millones entre el monto solicitado y el que se le asignaría.
Dicho faltante significaría “un grave impacto sobre la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas del país”, según explicó el director ejecutivo de la institución, David Chavarría, en un oficio dirigido al Minae.
Ese monto tan significativo para el Sinac solo representa un 0,028% del Presupuesto de la República (usando como referencia el plan de gastos de este 2025).
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Ideas controversiales
El gobierno, además, ha expresado posturas controvertidas en el plano ambiental.
Estas son solo algunas de ellas:
— Pesca de arrastre
La pesca de arrastre de camarón está prohibida en Costa Rica desde el 2013. Desde aquel año, la Sala Constitucional determinó que dicha práctica causaba un daño desproporcionado sobre el lecho marino y sobre otras especies, con base en la información científica del momento.
A pesar de esa prohibición, en febrero del 2023, el gobierno anunció que realizaría nuevos estudios, con permisos excepcionales de pesca, para determinar si se podía reactivar la pesca de arrastre.
La situación generó disputas judiciales y, en febrero del 2024, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo acogió un pedido de la fundación MarViva para suspender el estudio como medida cautelar.
MarViva sostenía que los planes del Ejecutivo fueron un intento “solapado” de revivir la práctica que se había prohibido una década atrás sin mayores cambios que lo justificaran.
Mientras los estudios estuvieron activos, además, se registraron las detenciones de tres embarcaciones participantes por pescar dentro de aguas protegidas.
— Exploración de gas y petróleo
El actual gobierno también rechazó impulsar los proyectos de ley que pretendían declarar al país libre de exploración petrolera y de gas natural.
Por el contrario, el presidente Chaves se ha mostrado a favor de estudiar dicha posibilidad y, en una reciente entrevista con RFI (Radio Francia Internacional), declaró que quisiera saber “cuánto valen los recursos que tiene Costa Rica en el subsuelo” para tomar una decisión.
En el 2023, el presidente había dicho que le pediría ayuda a Noruega para realizar estudios no intrusivos y conocer el tamaño de las reservas de hidrocarburo y gas natural nacionales. Sin embargo, el país nórdico declinó la propuesta.
Los noruegos señalaron que la exploración y la explotación de petróleo y gas natural en Noruega están en manos del sector privado, que los “estudios son muy costosos”, y que Noruega descontinuó el programa de desarrollo e investigación Oil for Development Program (Programa Petróleo para el Desarrollo) recientemente.
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— Minería a cielo abierto
La actual administración también presentó, en noviembre del 2024, un proyecto de ley para permitir la minería a cielo abierto en Crucitas, de Cutris, en San Carlos.
Costa Rica se declaró un país libre de minería a cielo abierto y aprobó las reformas regulatorias en ese sentido desde el año 2010; sin embargo, el plan del Ejecutivo revertiría esa situación.
El presidente aludió al alto valor del oro en Crucitas como uno de los motivos para impulsar la iniciativa, así como a la criminalidad, la contaminación y el saqueo de los recursos en la zona por parte de coligalleros. No obstante, el plan no ha avanzado en el Congreso.
— Minería en el lecho marino
Rodrigo Chaves también expresó un discurso similar al de la exploración de hidrocarburos, en Francia, en relación con la minería en el lecho marino.
En ese foro, no abogó por la prohibición de esa práctica, sino por “una pausa hasta que no contemos con suficiente ciencia para aprovechar racionalmente” los recursos.
Escándalos
Durante la actual administración, además, han surgido dos grandes escándalos en materia ambiental que incluso son investigados por la Fiscalía.
— Uno fue el otorgamiento de permisos de tala en condiciones aparentemente irregulares en tierras que serían parte del Refugio Nacional Gandoca Manzanillo, en Limón.
— El otro es la construcción de un proyecto residencial, también en aparentes condiciones irregulares, dentro del corredor biológico Paso la Danta, en Quepos.
En el primero de los casos, los permisos para talar árboles los obtuvo el empresario Allan Pacheco Dent, un conocido del presidente cuyo centro de entretenimiento se usó para fiestas del personal de Casa Presidencial y para actividades de campaña; y en donde también entrenó la Unidad Especial de Intervención (UEI), un cuerpo policial que responde a las órdenes del mandatario.
En el segundo, uno de los mayores financistas de la campaña del presidente en 2022, Christian Arce Carranza, figuró como apoderado de la empresa responsable de la construcción.
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‘Visión romántica’
En la entrevista con RFI antes reseñada, Chaves resumió su visión sobre la política ambiental del país y dijo que existe “una gran confusión” al respecto.
“Costa Rica no es un país que ‘protege su medio ambiente y sus bosques y sus mares’, no”, dijo. “Costa Rica es un país que utiliza la racionalidad económica para matar la falsa dicotomía de que se trata o de desarrollo, crecimiento o de protección del medio ambiente. Esa es una visión romántica del mundo”.
Esa fue su respuesta cuando el periodista le consultó si asumía o no como una contradicción su postura favorable sobre la exploración petrolera frente a la imagen general del país, que se proyecta como defensor del ambiente, de sus bosques y de sus mares.
