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Aldesa fue durante décadas uno de los nombres más reconocidos del mercado de valores costarricense. El grupo participó en proyectos como Terramall y Terra Campus y administró inversiones por medio de distintas empresas.
Sin embargo, en el 2019 salieron a la luz problemas que impedían a la compañía devolver el dinero y pagar los intereses prometidos a cientos de inversionistas. Tres años después, Aldesa fue declarada en quiebra.
Ahora, siete años después de que comenzó la investigación penal, un juez debe determinar si 23 personas enfrentarán un juicio por una presunta estafa contra inversionistas.
¿Qué era Aldesa?
Aldesa era un grupo empresarial que tenía dos grandes ramas.
La primera correspondía al negocio financiero y bursátil, integrado por Aldesa Puesto de Bolsa y Aldesa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Estas compañías ofrecían inversiones públicamente y estaban reguladas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
La segunda se dedicaba al desarrollo inmobiliario privado mediante Aldesa Corporación de Inversiones (ACI), sociedad que había participado en proyectos como Terramall y Terra Campus.
Esta última compañía ofrecía inversiones de manera privada a determinados clientes. Por esa razón, sus operaciones no estaban sometidas a la supervisión de Sugeval.
Esta distinción es fundamental para entender el caso: aunque las compañías compartían el nombre Aldesa, no todas sus operaciones estaban sujetas a los mismos controles.
¿Cómo funcionaban las inversiones?
Los clientes entregaban dinero a Aldesa con la expectativa de recibir intereses y recuperar posteriormente el monto invertido.
Parte de esos recursos se destinó a proyectos inmobiliarios privados. El principal era Monte del Barco, ubicado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en Guanacaste.
Aldesa captó dinero para esa iniciativa tanto de manera privada, mediante Aldesa Corporación de Inversiones, como por medio de sociedades fiscalizadas por Sugeval: Aldesa Puesto de Bolsa y Aldesa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
Los afectados alegaron que algunos inversionistas creían que todas las operaciones de Aldesa estaban supervisadas por las autoridades financieras. Sin embargo, la Sugeval y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) sostuvieron que la legislación no las facultaba para intervenir en las operaciones privadas de Aldesa Corporación de Inversiones (ACI).
La vigilancia de Sugeval se limitaba al puesto de bolsa y a la sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Cuándo comenzaron los problemas?
Aldesa arrastraba problemas de liquidez desde el 2018. La situación se hizo pública el 8 de marzo del 2019, cuando la Fiscalía Adjunta de Fraudes recibió una denuncia contra Javier Chaves Bolaños, presidente de Aldesa Corporación de Inversiones, por presunta estafa, administración fraudulenta y aparente retención indebida.
Tener problemas de liquidez significa que una empresa puede contar con terrenos, edificios u otros bienes, pero no dispone de suficiente dinero en efectivo para pagar sus obligaciones inmediatas.
Los inversionistas denunciaron que habían dejado de recibir los intereses prometidos. En total, la compañía tenía compromisos por unos $200 millones con más de 500 clientes, cifra que posteriormente se estimó en más de 600 inversionistas.
Entre los afectados había asociaciones solidaristas que habían invertido los ahorros de miles de trabajadores. De hecho, el 12 de junio del 2019, un grupo de 20 asociaciones creó una comisión coordinadora para intentar recuperar sus inversiones.
En ese momento, el vocero de las organizaciones, Héctor Valenciano, aseguró que más de 20.000 trabajadores tenían en riesgo $9 millones. Según explicó, al menos 30 asociaciones solidaristas habían invertido en Aldesa.
¿Qué intentó hacer Aldesa para evitar su caída?
Las dificultades de la empresa pasaron de la vía financiera a la legal. El mismo 8 de marzo del 2019, Javier Chaves acudió al Juzgado Concursal de San José para solicitar un proceso de administración y reorganización con intervención judicial.
La compañía pretendía suspender hasta por tres años sus pagos a los inversionistas mientras reorganizaba sus finanzas y buscaba obtener recursos de sus proyectos inmobiliarios para cancelar las deudas.
Aldesa también realizó despidos y anunció el cierre de su puesto de bolsa como parte de las medidas para afrontar sus problemas financieros.
El Juzgado rechazó la intervención judicial y transformó el 16 de julio de 2020 el caso en un convenio preventivo de acreedores por solicitud de la empresa. Esto significaba que las personas y compañías que invirtieron en Aldesa serían las que aprobarían el plan de salvamento.
Sin embargo, los inversionistas nunca pudieron votar el plan. El expediente acumuló cientos de escritos, recursos y apelaciones que impidieron avanzar hacia un acuerdo.
En marzo del 2021, la jueza Jennifer Arroyo advirtió al Consejo Superior del Poder Judicial de que el caso estaba saturando el Juzgado Concursal. Según informó, el ingreso mensual de gestiones relacionadas únicamente con Aldesa triplicaba la cantidad normal de escritos recibidos por el despacho para todos los demás expedientes.
¿Por qué Aldesa fue declarada en quiebra?
Finalmente, el 22 de julio del 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de Aldesa y abrió la fase de liquidación. El Juzgado tomó la decisión porque el convenio preventivo no pudo concretarse y Aldesa ya no tenía capacidad para pagar sus obligaciones.
La resolución suspendió las facultades de administración y representación de quienes dirigían las sociedades del grupo. También ordenó separar a los administradores de 24 sociedades, entre ellas Aldesa Corporación de Inversiones, Desarrollo ZF Coyol, Graviton Energy, Hotel Monte del Barco, Terra Verbena y Terramall.
Además, dispuso la venta de los activos y estableció que las compañías quedarían bajo la administración de un liquidador designado por el Juzgado.
¿Qué ocurrió con la causa penal?
Mientras el Juzgado Concursal tramitaba las deudas y la posterior quiebra de Aldesa, la Fiscalía investigaba por separado si se cometieron delitos relacionados con las inversiones.
El expediente penal se abrió en el 2019, después de que clientes denunciaran impagos por inversiones realizadas en proyectos inmobiliarios. Como parte de las diligencias, el 10 de junio de ese año, las autoridades realizaron 12 allanamientos a viviendas y oficinas de la empresa.
En esa ocasión, Javier Chaves quedó detenido para ser indagado por presuntos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.
La investigación continuó incluso después de la declaratoria de quiebra. El 30 de octubre del 2023, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) remitió a la Fiscalía el informe policial y las ampliaciones solicitadas.
Posteriormente, en noviembre del 2023, el Ministerio Público concluyó las indagatorias a las 23 personas imputadas. Entre ellas figuran Javier Chaves, presidente de Aldesa; integrantes de la junta directiva; el gerente financiero; corredores de bolsa; el tesorero y el jefe de operaciones.
La causa se tramita por los presuntos delitos de estafa e infracción al artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central. Esta norma sanciona, entre otras conductas, la alteración de registros o la entrega de información falsa o inexacta para ocultar la situación financiera o los riesgos de una entidad.
La Fiscalía calificó el caso como una causa de tramitación compleja. El legajo principal tiene 5.323 páginas; dos legajos de prueba suman 535 folios, y otros 20 legajos de denuncias y pruebas aportadas por inversionistas acumulan 3.536 páginas.
¿En qué etapa se encuentra actualmente?
Después de la investigación, el Ministerio Público determinó que existen pruebas suficientes para acreditar, en grado probable, que 23 personas habrían cometido una posible estafa contra inversionistas.
En agosto del 2026, la causa llegó a la etapa de audiencia preliminar, en la cual un juez deberá decidir si existen elementos suficientes para enviar a juicio a las 23 personas imputadas.
Esta audiencia no determina si son culpables o inocentes. Únicamente define si la acusación tiene fundamento suficiente para ser discutida posteriormente en un juicio.
No obstante, la audiencia todavía no tiene una fecha definitiva de inicio debido a una disputa por el horario. Las sesiones fueron programadas de 5 p. m. a 11 p. m., pero varios abogados objetaron esa jornada porque el Poder Judicial no suspendió ni reprogramó otros juicios que deben atender durante el día, algunos fuera de la Gran Área Metropolitana.
Este jueves 13 de agosto, los abogados de los imputados y de los denunciantes debían reunirse para conocer el resultado de un recurso de revocatoria contra el horario vespertino.
Una vez resuelto, el Juzgado deberá definir el comienzo de la audiencia preliminar. Si se conserva el horario vespertino, las sesiones se realizarían hasta noviembre, de 5 p. m. a 11 p. m.
