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Tres de las reformas fiscales planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe más reciente sobre Costa Rica coinciden con medidas impulsadas por el exmandatario Rodrigo Chaves Robles durante el segundo año de su mandato.
Las coincidencias incluyen cambios estructurales en el impuesto sobre la renta, la revisión y eventual eliminación de determinadas exoneraciones tributarias, así como modificaciones al mecanismo de aprobación para emitir bonos de deuda pública.
Estas iniciativas formaban parte de un paquete denominado Hacienda en Acción: Trazando la prosperidad fiscal que incluyó reformas fiscales presentadas por la administración Chaves durante el primer semestre del 2023. No obstante, las propuestas no avanzaron y, finalmente, se quedaron sin aprobar.
Algunas propuestas impulsadas en esa ocasión por el actual ministro de la Presidencia y de Hacienda concuerdan con las recién planteadas por el FMI, como parte de un conjunto de recomendaciones dirigidas a fortalecer las finanzas públicas actuales.
El organismo multilateral incluyó sus sugerencias en el Informe del personal técnico para la consulta del Artículo IV de 2026 y revisión de la Línea de Crédito Flexible del FMI para Costa Rica, publicado el pasado 31 de mayo.
En ese documento, el Fondo considera necesario incrementar los ingresos tributarios para contrarrestar el efecto de recientes cambios fiscales que, a su juicio, redujeron la base imponible y limitarán la capacidad futura para financiar el gasto del país.
Tal valoración coincide con las proyecciones del propio Gobierno Central sobre una caída severa de los ingresos tributarios y de la carga fiscal en los próximos años, un escenario que obligará al Ministerio de Hacienda a adoptar medidas para contener el deterioro de las finanzas públicas. Así lo confirmó la cartera a La Nación a inicios de junio.
Ante esta situación, Hacienda indicó que impulsará proyectos de ley dirigidos a fortalecer la recaudación de los impuestos vigentes, mejorar la calidad del gasto público y mantener las acciones de contención del gasto. Además, aseguró que reforzará las acciones para combatir la evasión fiscal.
Dichas medidas surgen en respuesta a las proyecciones incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, documento que anticipa un debilitamiento gradual de las finanzas estatales.
Según ese informe, la recaudación tributaria alcanzaría los ¢6.395.000 millones este año, lo que representaría una disminución de ¢228.000 millones respecto a los ¢6.623.000 millones percibidos durante el 2025.
Como proporción de la economía, los ingresos por impuestos equivaldrían al 11,9% del producto interno bruto (PIB) en el 2026, una reducción de 0,9 puntos porcentuales (p. p.) frente al 12,8% registrado en 2025.
Las estimaciones oficiales, además, apuntan a que esa relación seguirá descendiendo hasta ubicarse en el 10% del PIB para el 2031, según el escenario base elaborado por Hacienda. De concretarse, sería el nivel más bajo en más de dos décadas, pese a que los ingresos tributarios nominales mostrarían una recuperación gradual a partir del 2027.
Reformas al impuesto sobre la renta
Una de las recomendaciones del FMI que coincide con las iniciativas promovidas hace tres años por Rodrigo Chaves son los cambios en el impuesto sobre las utilidades.
En el 2023, el entonces mandatario planteó la sustitución del modelo de renta cedular por un esquema de renta global.
Bajo el sistema cedular vigente, las personas físicas y jurídicas tributan por cada fuente de ingreso de manera independiente. Sin embargo, la renta global implicaría que las personas paguen el impuesto sobre la totalidad de sus ingresos consolidados.
Por ejemplo, un profesional asalariado que además ejerce una actividad lucrativa o que obtiene recursos mediante plataformas de transporte o alquileres de bienes inmuebles tributaría sobre el monto total de todos sus ingresos de capital.
Además, la iniciativa de Chaves contemplaba fijar una tarifa del 30% para todas las empresas, incluidas las pequeñas y medianas.
Actualmente, estas compañías tributan bajo un esquema progresivo con tasas que oscilan entre el 5% y el 20%. Solo aquellas con utilidades superiores a ¢119.174.000 anuales pagan el 30%. La iniciativa del exmandatario buscaba extender ese porcentaje al conjunto del sector empresarial.
En esa misma línea, el FMI planteó establecer una tarifa única para el impuesto sobre la renta de las empresas, acompañada de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, en sustitución del esquema actual de múltiples escalas según el nivel de ingresos.
Además, recomendó reducir el umbral a partir del cual los trabajadores asalariados comienzan a pagar este tributo, con el fin de ampliar la base de contribuyentes.
El organismo también sugirió incrementar la tasa aplicable al tramo de mayores ingresos, de modo que las personas con salarios más altos asuman una mayor carga fiscal. Según sus estimaciones, esta medida generaría recursos equivalentes al 0,1% del PIB.
Desde el 2023, el Fondo había abogado por gravar la renta del capital y las ganancias de capital, tanto de origen nacional como obtenidas en el exterior, mediante una tasa fija.
Revisión y eliminación de exoneraciones tributarias
Dentro del paquete de reformas planteado por el anterior gobierno, se propuso modificar la tarifa del impuesto sobre el valor agregado (IVA) aplicada a los boletos aéreos. La iniciativa sugería gravar estos tiquetes con una tasa del 13%, en lugar del esquema vigente, que cobra un 4%.
También planteó la creación de una tarifa del 2% para la venta e importación de equipos médicos (actualmente exentos del tributo) como instrumentos odontológicos, materiales radiactivos, equipos de rayos X, dispositivos para laboratorios clínicos y camas hospitalarias destinadas a procedimientos médicos no estéticos.
Adicionalmente, la propuesta eliminaba la exoneración de la madera en troza e incorporaba un impuesto forestal del 3% sobre el valor de transferencia de estos productos en el mercado.
Al respecto, la revisión y eliminación de exenciones ha sido una recomendación recurrente del FMI. En 2023, por ejemplo, el organismo planteó aplicar el IVA a los boletos aéreos, equipos médicos y productos forestales, además de eliminar beneficios tributarios que consideró “ineficaces”.
En su informe más reciente, el Fondo retomó esa propuesta y amplió el alcance del gravamen a los premios de lotería y al alquiler de vehículos. Asimismo, sugirió aplicar la tarifa general del 13% a la canasta básica y gravar con renta los aguinaldos y el salario escolar de los empleados públicos.
Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquéllos que, aunque convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de los miembros de la Asamblea Legislativa.
— Constitución Política de Costa Rica.
Cambio en la aprobación de endeudamiento externo
La tercera similitud entre las recomendaciones del FMI y las iniciativas promovidas por Chaves se relaciona con el mecanismo para autorizar emisiones de deuda pública en el exterior.
Como parte de su propuesta, el exmandatario planteó reformar el artículo 121, inciso 15, de la Constitución Política para eliminar la obligación de que el Poder Ejecutivo obtenga el respaldo de una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa antes de emitir bonos en los mercados internacionales o contratar créditos con organismos multilaterales.
En su informe más reciente, el Fondo respaldó esta enmienda constitucional al considerar que permitiría al Poder Ejecutivo autorizar emisiones de deuda sin requerir una aprobación específica del Congreso, siempre dentro del límite global de endeudamiento definido por los diputados.
Según el organismo, este cambio contribuiría a diversificar las fuentes de financiamiento y agilizar la gestión de la deuda pública.
La recomendación no es nueva. Ya en 2023, la entidad había planteado la conveniencia de establecer un mecanismo más sistemático para que el Gobierno colocara deuda en los mercados internacionales.
