EscucharCosta Rica afronta transformaciones significativas en su política fiscal, impulsadas por la necesidad de modernizar su sistema tributario y alinearlo con estándares internacionales.
El proyecto de ley identificado bajo el expediente 23.760, presentado a la corriente legislativa en año el 2023, propone una reforma integral al Impuesto sobre la Renta, reemplazando el modelo cedular por un sistema global que integra ingresos laborales, empresariales y de capital.
Este cambio busca mayor progresividad, con tarifas del 35% para personas jurídicas y un mínimo vital exento de ¢10 millones anuales para personas físicas,según su última versión.
La iniciativa también introduce un Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) con tasa única del quince por ciento, simplificando la retención en fuentes.
Permanecen presentes otras manifestaciones de riqueza exentas cuyo gravamen debe considerarse para migrar a un sistema tributario que se debe basar prudentemente en la justicia fiscal, buscando que la carga impositiva sea proporcional a la capacidad contributiva de cada individuo.
La equidad tributaria es un principio fundamental que se persigue en las reformas fiscales y en el análisis de los sistemas existentes. La justicia fiscal busca que el sistema sea justo para todos.
Paralelamente, la facturación electrónica evoluciona con la versión 4.4, que incluye campos para no residentes y exoneraciones, obligatoria desde septiembre de 2025. Esta herramienta refuerza el control tributario, reduciendo la evasión estimada en 7,4% del PIB.
La novedosa plataforma digital denominada Tribu-CR -cuyo lanzamiento en vivo está previsto para agosto- utilizará como principal fuente de información los datos provenientes de la facturación electrónica obligatoria (facturas, tiquetes, recibos de pago, notas de crédito y débito).
Esto permitirá generar declaraciones prellenadas y automatizar la gran mayoría de los procesos fiscales existentes.
La transparencia fiscal se refuerza y fortalece con el Registro de Beneficiarios Finales (RTBF), que identifica a dueños reales de empresas para combatir el lavado y la elusión. Esta medida, junto a nuevas normas de precios de transferencia para operaciones entre relacionadas, busca cerrar brechas en la recaudación.
