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El Ministerio de Hacienda impulsa una reforma parcial a la Ley General de Aduanas como parte de una estrategia de reingeniería del sistema de control aduanero en Costa Rica, con el objetivo de combatir el contrabando y agilizar la fiscalización de mercancías.
Entre las principales propuestas figura sustituir un modelo que, según Hacienda, está saturado de procesos judiciales prolongados por montos relativamente bajos, por un esquema de investigación, sanción y cobro administrativo más ágil.
Para ello, el proyecto eleva el umbral a partir del cual los casos pasarían a la vía penal, de modo que las infracciones y delitos por debajo de ese monto puedan ser investigados y sancionados administrativamente.
La iniciativa también plantea elevar algunas sanciones, crear multas calculadas en salarios base y digitalizar el expediente aduanero, con el propósito de agilizar la respuesta ante conductas negligentes y el contrabando. Para los casos de mayor gravedad, contempla una persecución penal más severa y penas más duras para quienes reincidan.
A esto se sumaría, incluso, la posibilidad de que Hacienda aproveche para fines institucionales las mercancías decomisadas o sujetas a comiso, antes de que sean subastadas o donadas al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). La decisión deberá tomarse mediante una resolución, una vez que la medida quede en firme.
Así consta en el expediente N.° 25.736, presentado ante la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, el pasado 24 de agosto.
En total, la reforma modifica 62 artículos, cambia la denominación de distintos títulos, secciones y capítulos, deroga siete artículos y elimina un título.
Según la justificación del proyecto, la propuesta busca actualizar el marco aduanero ante el crecimiento del comercio exterior y atender procesos administrativos complejos, vacíos sancionatorios y un régimen que no diferencia adecuadamente la gravedad de las conductas. También pretende combatir el contrabando y la defraudación aduanera por sus efectos en la recaudación, la salud pública y la seguridad nacional.
Más casos se resolverían por vía administrativa
Uno de los cambios de mayor alcance del proyecto reforma el artículo 210 de la Ley General de Aduanas, que sería derogado para dar paso a un nuevo capítulo denominado “Delitos aduaneros”.
La propuesta eleva de $5.000 a $20.000 el umbral para que una conducta sea considerada delito de contrabando. Los casos cuya valoración no supere ese monto podrían ser investigados y resueltos por Hacienda, sin necesidad de trasladarlos a la vía judicial.
Según la justificación, el límite actual resulta poco eficiente desde las perspectivas fiscal y aduanera, pues obliga a remitir casos al Ministerio Público. Además, los procesos judiciales son más prolongados y exigen mayores cargas probatorias.
Hacienda también señala que las variaciones del tipo de cambio reducen el valor real del umbral vigente y dificultan una respuesta ágil. En ese sentido, con el aumento del límite, la Administración Aduanera tendría mayor margen para investigar y sancionar casos de menor cuantía sin acudir a los tribunales.
A esto se suma la incorporación, en los artículos 211 al 214, de las figuras de contrabando aduanero, contrabando agravado, especialmente agravado y fraccionado, cada una con sus respectivas sanciones ajustadas.
Más delitos y cambios en procesos aduaneros
La reforma también modifica el procedimiento administrativo aduanero mediante nuevos plazos, reglas de notificación y mecanismos para agilizar los expedientes.
El proyecto establece plazos diferenciados según se trate de horas, días o meses. También regula distintas vías de notificación, como el buzón electrónico, la transmisión electrónica, el correo electrónico y, cuando las anteriores fallen, la publicación en el sitio web de Hacienda.
Para el trámite, fija 15 días hábiles para presentar alegatos y pruebas, una audiencia oral convocada con al menos ese mismo plazo y tres meses para dictar la resolución final. Asimismo, establece plazos para los recursos de revisión y apelación, con el propósito de delimitar las distintas etapas del proceso.
En materia penal, la propuesta amplía y diferencia las conductas consideradas delitos aduaneros. Además del contrabando aduanero, agravado, especialmente agravado y fraccionado, incorpora nuevas modalidades de defraudación y permite acumular operaciones realizadas durante 48 meses para determinar la existencia de un delito fraccionado.
El proyecto también tipifica conductas como el ejercicio ilegal de la función pública aduanera, la tenencia ilícita de sellos o dispositivos de seguridad, el incumplimiento de medidas de seguridad y la destrucción u ocultamiento de información. Para los daños a equipos de revisión no intrusiva establece 3 a 5 años de prisión, además de la obligación de resarcir el perjuicio.
Asimismo, amplía los delitos informáticos para incluir accesos no autorizados a sistemas de control aduanero, públicos o privados. También contempla penas para funcionarios y auxiliares que incurran dolosamente (con intención y voluntad) en omisiones y crea una figura de reincidencia que podría convertirse en delito cuando se cometa por tercera vez una misma infracción aduanera.
Nuevas multas y sanciones
El proyecto también establece un nuevo régimen de infracciones administrativas para conductas que, según Hacienda, actualmente carecen de sanción o reciben castigos desproporcionados. Las faltas podrán sancionarse por negligencia y la potestad para hacerlo prescribirá en cuatro años.
Las multas generarán intereses tres días hábiles después de quedar en firme.
En ese sentido, las infracciones se dividirían en leves y graves, con multas calculadas en salarios base para mantenerlas actualizadas. Las primeras tendrán una sanción de medio salario base y las segundas, de uno, aunque algunas conductas tendrán penalidades mayores.
También se establece una escala para reincidentes: la primera falta aumentará 25% la multa y 50% la suspensión; desde la segunda, los incrementos serán de 50% y 100%. Los auxiliares con tres o más infracciones en 48 meses podrán ser inhabilitados del sistema informático aduanero por tres días.
El proyecto incorpora incentivos al cumplimiento voluntario, con reducciones de hasta 50% o exoneración de la multa cuando el infractor corrija la conducta y cumpla los requisitos establecidos.
Entre las nuevas sanciones figuran el ingreso no autorizado de mercancías, con dos salarios base; faltas tributarias aduaneras, con el doble de los tributos dejados de percibir cuando el perjuicio supere $1.000; y sobrantes o faltantes, también con dos salarios base.
Hacienda también podría ordenar el cierre cautelar de inmuebles donde se comercialicen mercancías sin respaldo documental. Si no constituye delito, la conducta podría implicar decomiso, una multa equivalente al doble del mayor valor de mercado y cierre por 10 días.
Además, se crea una causal de abandono aduanero tras 45 días del decomiso o retención sin pago de tributos ni trámite de destino, siempre que no exista un proceso judicial. También se permitiría destruir mercancías que incumplan normas sanitarias o técnicas y no constituyan delito.
