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Radiográfica Costarricense (Racsa), subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mantiene una marcada dependencia de los contratos con el Gobierno Central y otras entidades públicas, de los cuales provienen la mayoría de los ingresos proyectados para 2026.
En setiembre del 2025, la Dirección Administrativa Financiera de la empresa pública presentó ante la Contraloría General de la República (CGR) el Presupuesto Inicial correspondiente a 2026.
El documento, del cual La Nación tiene copia, proyecta ingresos corrientes por ¢48.850 millones. De ese total, ¢4.392 millones corresponden a recursos tributarios y ¢44.457 millones a ingresos derivados de servicios de conectividad y comunicación, soluciones digitales, infraestructura y nube, servicios gestionados, así como otras fuentes.
De esta última partida, apenas ¢3.122 millones provienen de contratos con empresas privadas, según la información consignada en el Presupuesto. El monto restante, equivalente a ¢41.335 millones, depende de convenios suscritos con instituciones del sector público.
Por ejemplo, la línea de negocio de soluciones digitales de Racsa —que representa el 21,3% de los ingresos no tributarios es decir, ¢9.428 millones— depende casi en su totalidad de servicios brindados a entidades estatales, entre ellos el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), Trámite ¡YA!, ControlPass y Biometric ID, entre otros.
Estos acuerdos se gestionan con instituciones y empresas públicas como el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Seguridad Pública, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Ministerio de Salud y Correos de Costa Rica, entre otras.
Contratos privados son minoría
De la información consignada en el documento presentado por Racsa a la CGR se desprende que los contratos con empresas privadas suman apenas ¢3.122 millones. El principal, por ¢3.061 millones, corresponde a APM Terminals.
Este acuerdo integra la línea de soluciones gestionadas, que concentra el 35,9% de los ingresos proyectados, equivalente a ¢15.893 millones anuales.
En ese segmento, la empresa estatal tiene a APM Terminals como único cliente privado; por tanto, si se excluye su aporte, los ¢12.831 millones restantes dependen de convenios con entidades públicas.
Esta área contempla servicios como administración de agencias, conectividad en espacios públicos y en la red educativa, así como operación de centros de contacto, dirigidos principalmente al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), el Consejo Nacional de Vialidad, agencias de kölbi y el Ministerio de Ambiente y Energía, entre otras instituciones.
Por otra parte, la línea de ingresos por servicios de infraestructura y nube, que asciende a ¢5.831 millones (13,2% de los ingresos no tributarios), apenas ¢60 millones provienen de clientes privados como Terranova, HDE Group, Agrobananera del Caribe, y Liberty Servicios Fijos S. A.
El resto, ¢5.771 millones, corresponde a acuerdos con entidades como el Banco Nacional, la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Justicia y Paz, el Museo de Arte Costarricense y varias municipalidades.
Racsa afirma que sostiene un ‘desempeño operativo estable’
La Nación consultó a Racsa si considera saludable que la mayoría de sus ingresos dependa de contratos con el Gobierno Central y empresas estatales; sin embargo, la subsidiaria del ICE evitó responder de forma directa.
En su lugar, afirmó que sus recursos obedecen a su posicionamiento como proveedor estratégico de soluciones tecnológicas y que, en paralelo, ha fortalecido su modelo de negocio mediante una gestión enfocada en la eficiencia, la diversificación del portafolio y la consolidación de servicios digitales.
“Estas acciones han permitido sostener un desempeño operativo estable y resultados financieros positivos y consistentes, asegurando la continuidad, estabilidad y proyección de la empresa en el mediano y largo plazo”, señaló la gerencia general de Racsa, vía su oficina de prensa.
Añadió que su ruta estratégica apunta a diversificar de manera gradual su fuente de recursos.
