EscucharCámaras empresariales afirmaron que Costa Rica debe mejorar su competitividad ante la presentación de un proyecto de ley en Estados Unidos para restringir beneficios a las empresas que trasladen o mantengan sus centros de llamadas fuera de ese país, como parte de una estrategia para mantener estas operaciones en territorio estadounidense.
La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) y la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (Camscat) afirmaron a La Nación que están al tanto de la iniciativa legislativa.
“En Azofras, tenemos conocimiento de la iniciativa que fue presentada al Senado de Estados Unidos hace pocos días. Como todo proyecto de ley, deberá seguir el procedimiento propio de discusión y análisis en el Congreso y el hecho de que sea o no aprobado, o que tenga enmiendas en el camino, es algo incierto y propio de la política interna de los Estados Unidos”, indicó la Asociación en una respuesta oficial.
La organización subrayó que este tipo de iniciativas representa “un ejemplo más” de la importancia de que Costa Rica vele por los factores de competitividad que sí están bajo su control.
Por su parte, el presidente de la junta directiva de Camscat, Fernando Calderón, coincidió en que Costa Rica debe fortalecer su competitividad para no perder atractivo como destino de inversión extranjera directa.
“Seguiremos monitoreando su avance. Es importante que Costa Rica siga trabajando en los elementos de competitividad que le permiten posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera directa”, afirmó Calderón.
Por su parte, la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (Amcham) hizo un llamado a la calma.
“Ante la presentación del proyecto de ley Keep Call Centers in America Act en el Senado de los Estados Unidos, (...) Amcham hace un llamado a la calma y aclara que se trata de una iniciativa en etapa temprana, cuyas implicaciones deben evaluarse con serenidad y criterio técnico”, expresó la Amcham en un comunicado emitido este jueves.
La Cámara reconoció que en el país operan centros de llamadas “muy relevantes” que podrían verse afectados por la iniciativa impulsada por el senador demócrata Ruben Gallego, de Arizona, y el republicano Jim Justice, de West Virginia.
“Si bien existen centros de llamadas muy relevantes en nuestro país que podrían estar en riesgo, la mayoría de las operaciones de servicios de empresas estadounidenses en Costa Rica no corresponden a centros de llamadas tradicionales, sino a procesos especializados de alto valor”, agregó.
Los senadores plantearon restringir varios beneficios a las empresas que trasladen o mantengan sus centros de llamadas en el extranjero, como parte de una estrategia para preservar estos empleos en Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado oficial de Gallego, muchas compañías han optado por externalizar sus operaciones de atención al cliente, lo que ha generado el cierre o la reducción de centros en el país norteamericano.
El proyecto obligaría a las empresas que trasladen o subcontraten call centers fuera del territorio estadounidense a notificarlo con 120 días de antelación y quedarían en un registro público por cinco años.
Las firmas perderían acceso a subsidios y préstamos, así como preferencia en contratos públicos federales, salvo que restituyan la misma cantidad de empleos en Estados Unidos.
No obstante, Amcham destacó que mantiene un diálogo constante con autoridades de ambos países para fortalecer los vínculos comerciales. Además, afirmó que las operaciones establecidas en Costa Rica no compiten con el empleo en Estados Unidos, sino que se complementan para ofrecer servicios.
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El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) * indicó a La Nación que la propuesta legislativa impulsada por ambos senadores guarda similitudes con otros proyectos presentados en legislaturas anteriores del Congreso estadounidense, los cuales han tenido poco avance en su trámite.
Sin embargo, la entidad aseguró que, a pesar de estos antecedentes, el gobierno costarricense tomará con seriedad cualquier iniciativa que pueda generar repercusiones en sectores estratégicos, como el de los centros de llamadas.
“Por ello, se mantiene una vigilancia activa y coordinada con las partes interesadas, con el objetivo de identificar oportunamente posibles impactos y tomar las medidas correspondientes”, señaló Comex.
Por su parte, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) informó de que continúa con el monitoreo constante del proyecto, a la espera de más información, con el fin de anticipar eventuales efectos y definir acciones pertinentes.
Adolfo Cruz Luthmer, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), señaló que corresponde a Amcham pronunciarse sobre el tema.
* Nota del redactor: las respuestas de Comex y Procomer fueron incorporadas el viernes 8 de agosto. En el caso de Comex, la respuesta se recibió el 7 de agosto, después del cierre de edición, dos días después de haberse enviado la consulta inicial. Por su parte, Procomer respondió el 8 de agosto, aunque la solicitud también fue enviada dos días antes.
