EscucharRocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), considera que es posible igualar el aporte patronal en los tres fondos básicos de Costa Rica, en especial, cuando la contribución la efectúa el Estado en su calidad de empleador.
Actualmente, en el sector público el aporte varía por sistema de pensión. La cotización del patrono en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial es equivalente al 14,36% del salario de los trabajadores; en el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional es del 6,75%; y en el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) donde están la mayoría de los empleados, de 5,42%.
“Hay espacio de mejora en el Sistema Nacional de Pensiones para igualar la aportación patronal entre los tres regímenes básicos, siempre y cuando se incluyan normas transitorias para que los fondos puedan ajustarse con antelación y no se generen problemas para pagar las pensiones”, sostuvo Aguilar.
La superintendente se refirió al tema debido a una consulta enviada por La Nación a raíz de que los magistrados de la Sala IV estudian una acción de inconstitucionalidad contra el porcentaje de aporte patronal hecho en el régimen de pensiones judiciales.
LEA MÁS: Procuraduría señala ‘desproporción irrazonable’ en aporte patronal a pensiones del Poder Judicial
La Procuraduría General de la República, en su calidad de asesor de la Sala, señaló la existencia de una “desproporción irrazonable” en el aporte patronal hecho por el Estado a las pensiones del Poder Judicial. Además, de que la diferencia porcentual entre los regímenes básicos crea una desigualdad entre funcionarios.
La diferencia en los porcentajes de aportación tienen un efecto económico para el Estado, en su calidad de patrono.
El año pasado, la contribución patronal por los 14.009 empleados judiciales activos ascendió a ¢40.444 millones, según muestran los estados financieros del régimen. Es decir que, en promedio, la entidad aportó ¢2,8 millones por cada trabajador.
En contraste, el Gobierno Central puso ¢35.295 millones, en su condición de empleador, para 51.418 funcionarios de ministerios, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, conforme a los estados financieros del IVM. La contribución promedio fue de ¢686.433 por persona.
De la información se excluyen 96.157 personas del Ministerio de Educación Pública (MEP) y de las universidades públicas, porque la contribución patronal de 6,75%, el equivalente a ¢88.148 millones en el 2022, se efectuó al Régimen de Capitalización Colectiva al cual están afiliados.
Rediseñar aporte
Para la jerarca de la Superintendencia es necesario una discusión nacional del papel subsidiario del Estado en el sistema de pensiones como actor estratégico para suplir fallos o carencias.
Pero también consideró necesario rediseñar la cuota estatal a los tres regímenes para que no sea sobre la remuneración del trabajador.
LEA MÁS: Supén impulsará la creación de una pensión básica universal en el 2023
“Hay espacio para que el aporte (estatal) no esté vinculado al salario de las personas que lo vuelve regresivo, procíclico y genera inequidades entre los regímenes; sino a una base uniforme para los tres fondos”, destacó Aguilar.
La funcionaria considera que el uso de la contribución estatal debe estar orientado al financiamiento de pensiones mínimas.
