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La rebaja al marchamo que impulsa una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa representaría la eventual reversión de 13% del ajuste fiscal que pretende el Gobierno, por medio de nuevos ingresos, con cinco proyectos incluidos en la agenda convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los cinco proyectos de nuevos ingresos propuestos al organismo aumentarían la recaudación en un 1,12% del producto interno bruto (PIB), siempre y cuando se aprueben todos para su entrada en vigencia en el 2022. Sin embargo, el plan para reducir el marchamo bajaría la recaudación en al menos 0,15% de la producción (unos ¢60.000 millones).
El impacto potencial de la rebaja sobre las finanzas públicas sería incluso mayor si alguna o varias de las iniciativas de nuevos ingresos convenidas con el Fondo se quedan sin aprobar para entrar en vigencia al inicio del 2022.
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El proyecto de rebaja pretende reducir el impuesto a la propiedad de vehículos (principal componente del marchamo) para el próximo año. Ello se realizaría en distintas proporciones, según el valor y el tipo de automotor.
La reducción sería de 50% para vehículos livianos con un valor fiscal menor de ¢7 millones, de 25% para aquellos entre los ¢7 millones y ¢10 millones, y de 15% para aquellos entre ¢10 millones y ¢15 millones. No se aplicarían disminuciones a partir de ese monto.
También se haría una rebaja general del 50% para vehículos de carga pesada, buses, maquinaria agrícola y de rent-a-car.
En el caso de las motocicletas con un valor inferior a ¢1 millón, el trato diferenciado que se les aplica es una exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el pago.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró en entrevista con La Nación que una rebaja como la planteada es regresiva y recordó que la mayor parte de la población más pobre del país no posee vehículos. Esto quiere decir, según indicó, que personas con mayor poder adquisitivo dejarán de pagar un impuesto con el que se benefician personas de menores recursos.
También dijo que una caída en los ingresos estatales como el que se estima con esta medida pone al país “en la cuerda floja” para su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entidad que revisará las condiciones fiscales de Costa Rica para decidir si mantiene en curso o no su programa de financiamiento. Esta decisión repercutirá en la confianza de los mercados y, por ende, en indicadores como tasas de interés y tipo de cambio.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y firmante de la iniciativa, Franggi Nicolás, consideró que el proyecto es “justo” para el usuario, más allá de cualquier impacto fiscal que pueda tener para el Estado.
Dijo que ese impacto se podría compensar con otros proyectos de ley que mejoren la recaudación tributaria, sin precisar si impulsará alguno en específico con mayor ahínco.
Impacto FMI
La rebaja que se impulsa incluso tiene un efecto fiscal negativo del 0,15% del PIB para las arcas estatales. No obstante, estas son las estimaciones más positivas, pues Hacienda considera que podría subir hasta un 0,2% de la producción, por eventuales aumentos en la venta de vehículos ante una mayor actividad económica.
Ese 0,15% del PIB representa incluso un impacto igual o mayor que los aumentos en ingresos que ofrecerían tres de las cinco reformas incluidas en el ajuste fiscal convenido con el Fondo Monetario. El nuevo impuesto a los premios de lotería, la reforma integral al impuesto a las casas de lujo y la contribución de utilidades de las empresas públicas del Estado a la Hacienda pública por cuatro años tendrían efectos muy parecidos o inferiores.
Para esta comparación, además, se utilizaron como referencia las últimas proyecciones brindadas sobre los rendimientos de las iniciativas de la “‘agenda FMI” por el Gobierno de la República. Estas todavía no contemplaban las reducciones en las expectativas de ingreso por algunas propuestas de cambio que realizó el Poder Ejecutivo, el 9 de setiembre pasado, para intentar viabilizar el trámite de los textos en el Congreso.
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Medida regresiva
La reducción del marchamo ya se aprobó en 2020 y se aplicó en 2021 en casi los mismos términos que ahora se plantean. No obstante, en aquel entonces Hacienda manifestó que el impacto de la medida se podía suplir con recursos provenientes de una reforma de ley que, inicialmente, se impulsó para el pago de deuda pública a través de superávits institucionales.
En este nuevo caso, no existe una compensación definida.
Las exoneraciones aplicadas en el 2020 significaron un recorte en los ingresos estatales de ¢57.989 millones por rebajas en el marchamo de 1,2 millones de vehículos; así como de ¢2.255 millones por el IVA exonerado a poco más de 200.000 motocicletas.
Según el Ministerio de Hacienda, la medida es totalmente regresiva porque beneficia principalmente a sectores con mayores recursos. “Los hogares más ricos son los que más gastan en vehículos y son los que concentran el pago del marchamo”, puntualizó el ministro Villegas en una carta enviada al Congreso, el 8 de septiembre pasado.
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La afirmación de Hacienda se sustenta en datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh de 2018. Esta medición que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) determinó, con datos a 2018, que cerca del 90% de los gastos en vehículos automóviles del país los realizan hogares en los cuatro deciles de mayores recursos (un 70% de los dos más altos).
La distribución se reparte más en el caso de las motocicletas, pero su participación relativa en el impuesto a la propiedad de vehículos es menor. Este tipo de vehículos son menos en cantidad y pagan tarifas del gravamen de entre ¢700 y ¢15.000, sin contar porcentajes de depreciación.
La diputada Nicolás consideró que la justicia de la medida reside en un aspecto diferente. Afirmó que el uso de los vehículos fue restringido por el estado de emergencia ante la covid-19 y que, por eso, no se debería cobrar el monto regular. “Fue un año igual, lleno de restricciones y a mí me parece una grosería para el usuario pretender cobrarle el marchamo en condiciones iguales”, afirmó.
No obstante, Hacienda rechaza esa interpretación. La cartera sostiene que el gravamen se cobra sobre la tenencia de los vehículos y no sobre el “ruedo”.
Hacienda también rechaza que la medida tenga efectos mayores sobre el consumo y la actividad económica. “La alta concentración en el pago del marchamo en hogares ricos sugiere que una disminución de este impuesto no tendría efectos significativos en el ingreso disponible de los hogares. Por esto, no se espera un aumento en el consumo y, consecuentemente, no habría efectos en crecimiento económico”, redactó el ministro Villegas, a los diputados.
Medida avanza
El proyecto de ley avanza rápidamente en la Asamblea Legislativa. De hecho, el 9 de setiembre pasado se le aprobó una dispensa de trámites para el mismo, una especie de trámite abreviado. Esa decisión contó con el respaldo de 32 congresistas y solo nueve votaron en contra: la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC).
En el momento de la votación, el diputado Pablo Abarca, jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le bajó el tono a las advertencias de Hacienda. “Que este Congreso no le pueda ayudar a la gente ni un poquito porque ahí hay un drama de que ya se va a arruinar el país es una falacia, que solo se la creen en el PAC y que los diputados de oposición no podemos permitir”, afirmó.
Sin embargo, el ministro Villegas considera que el tema sí puede ser dramático, porque podría llevar a “una situación delicada” respecto al acuerdo con el FMI, según comentó durante la presentación del proyecto de presupuesto nacional para 2022, el 1.° de setiembre pasado.
También recordó en ese momento que cualquier reducción en ingresos se traduce en la necesidad de adquirir más deuda pública o en la imposibilidad de brindar servicios oportunos a las ciudadanía.
Pese al rápido avance del texto en el Congreso, el Gobierno tiene en sus manos la facultad de vetar la iniciativa si lo considera necesario. No obstante, si lo hace, los diputados pueden hacer caso omiso y resellar el texto, si lo aprueban de nuevo con el voto favorable de 38 legisladores.
El cobro del marchamo está pactado, como es costumbre, a partir de noviembre. Hasta entonces se podrán tomar decisiones.
Además de estas rebajas, la iniciativa también incluye descuentos para autobuseros y taxistas sobre los cánones que pagan a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y al Consejo de Transporte Público (CTP).
