La contratación de un expositor internacional, el pago de franquicias o licencias; o de un profesor residente en el extranjero saldrían más caras debido a la propuesta del Gobierno de elevar en cinco puntos porcentuales el impuesto por remesas al exterior.
La iniciativa la planteó el Poder Ejecutivo como parte del plan para superar el impacto fiscal de la pandemia que se negociará en octubre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un financiamiento por $1.750 millones.
El tributo de remesas al exterior tiene diferentes tarifas dependiendo del servicio, según la Ley del impuesto sobre la renta.
Por ejemplo, en el caso de asesorías financieras, pagos por uso de patentes, marcas o franquicias la tarifa es del 25%. Si los diputados aprueban el alza propuesta, el tributo se elevaría al 30%.
Los honorarios, comisiones, dietas y otras prestaciones personales pasarían del 15% al 20%. En tanto, que los servicios de transporte o comunicaciones, del 8,5% al 13,5%.
Mientras tanto, en el caso de los reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros la tarifa del 5,5%, subiría hasta el 10,5%.
El encargado de efectuar la retención del impuesto es la persona o empresa con operaciones en el país, cuando paga por el servicio brindado por el profesional o la compañía extranjera.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, enfatizó que dicha propuesta es temporal y se aplicaría de forma exclusiva solo para el 2021 y 2022.
El cambio en la tarifa propuesta por el Poder Ejecutivo prevé una recaudación adicional de ¢32.956 millones al año, lo cual equivale a 0,09% del producto interno bruto (PIB).
El impuesto de remesas al exterior le significó al fisco, entre enero y agosto pasado, un ingreso de ¢122.119 millones, lo cual significó un 5% del total de recaudación tributación del Gobierno, la cual ascendió a ¢2,6 billones.
Desde el 2017, este tributo mantuvo una tendencia de ascenso en su recaudación. Sin embargo, la crisis sanitaria del coronavirus generó una caída del 10%, cuando se compara con los ¢136.858 millones de recaudación entre enero y agosto del año pasado.
El plan del Poder Ejecutivo forma parte de las medidas temporales para aumentar la recaudación por tributos durante cuatro años, del 2021 al 2024, hasta por ¢4,2 billones, de un total de ¢6,4 billones que pretende generar en la parte de ingresos la propuesta que se presentará al FMI.
Posibles efectos
Francisco Villalobos, exdirector de Tributación, explicó que el impuesto termina, en muchas ocasiones, convirtiéndose en una carga extra para el pagador del servicio.
“El problema es que si no hago la retención, como comprador del servicio, me la pueden cobrar a mí porque es mi obligación”, explicó Villalobos, quien es socio director de ICS Abogados.
El especialista destacó que el tributo de remesas al exterior se cobra a las empresas y personas radicadas en el exterior, pero que obtienen ingresos por la venta de un servicio en Costa Rica.
“En este impuesto, el pagador del servicios es quien hace la retención. Por ejemplo, si por la venta de un servicio me cobran 1.000, yo retengo el 15% o el 25% dependiendo de la tarifa. El impuesto que retengo se lo pago al fisco costarricense”, explicó Villalobos .
Además, recordó que el tributo no es deducible de renta para quien obtiene el servicios, pues el impuesto se cobra al no residente.
“El hecho de que yo, empresario costarricense, termine asumiendo el costo extra es por el hecho de que quien brinda el servicio desde el extranjero hace un cobro por un monto determinado y, sino se hace el pago, no se tiene acceso a una licencia o no le mando los planos”, recalcó Villalobos.
Carla Coghi, socia directora de Deloitte, consideró que la subida en la tarifa haría el impuesto alto y restaría competitividad al país.
Además, explicó que este tributo se cobra a las empresas o personas no domiciliadas en el país, cuando cobran servicios en Costa Rica.
“La realidad es que este impuesto muchos de los no domiciliados no lo soportan, y es asumido por las empresas costarricenses”, destacó Coghi.
La vocera de Deloitte destacó que cuando las empresas deban efectuar sus pagos al exterior por licencias de programas a Microsoft o Oracle, la retención sería del 30%, en vez del 25% de tarifa actual.