El pasado 10 de junio se publicó en el diario oficial La Gaceta, el proyecto de Ley denominado “Ley de reducción del impuesto sobre el valor agregado por causa de los efectos de la emergencia por Covid 19”. En síntesis, se propone una reducción del 30% de la tarifa del IVA para los bienes y servicios sujetos a dicho tributo.

Dicha reducción del IVA estaría vigente solamente por un año, contado a partir de la eventual entrada en vigencia de la Ley. Con esto, se puede considerar que se trata de una medida temporal, que serviría como alivio directo en el flujo de caja de empresas y personas con actividad lucrativa en general; también significaría una disminución en el importe total que los consumidores finales desembolsan por la compra de los bienes y servicios gravados con este impuesto.

Lo anterior, en términos sencillos, se podría explicar señalando que, con una disminución en el IVA, los empresarios y consumidores podrían tener más recursos disponibles para adquirir los insumos y servicios necesarios para su actividad.

Por dichas razones es que la propia OCDE ha recomendado este tipo de ajustes fiscales, pues se trata de opciones que se podrían aplicar para mitigar los impactos negativos provocados por la pandemia.

Conviene señalar que dentro de dichas recomendaciones no solo se incluye la disminución de las tarifas de tributos, sino también, el eventual aplazamiento de tasas e impuestos, creación de nuevas oportunidades de financiamiento para pymes y sectores afectados de forma directa y severa por la crisis, tales como turismo y servicios no esenciales. Todos temas necesarios para la reactivación económica que el país requiere.

Ahora bien, para valorar adecuadamente el fondo de este tipo de propuestas, es necesario considerar que, el dinamismo y crecimiento económico del país conlleva, de manera implícita, un aumento en la recaudación de los tributos, pues permite aumento en relaciones comerciales y tasas de consumo.

Sin duda, el estudio de estas iniciativas requiere un análisis serio e integral, no solo a nivel político, sino a lo interno de las empresas; pues la crisis ha demostrado la necesidad de contar con información concreta y oportuna, que permita la toma de decisiones en momentos apremiantes.