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El Ministerio de Hacienda desaprovecha el 30% de los espacios de trabajo disponibles en 13 edificios que alquila en San José.
Los inmuebles arrendados tienen una capacidad total para albergar a 2.070 personas, pero solo laboran 1.492 funcionarios, según el informe Proyecto de unificación hacendaria , de diciembre anterior.
Entre las edificaciones con las mayores tasas de desuso figuran la Torre B, en barrio Don Bosco, donde el 40% de los 447 espacios están libres, mientras en el edificio Mira, en Zapote, es del 25% de los 293 estaciones de trabajo disponibles allí.
Los especialistas en temas inmobiliarios Randall Fernández, de Colliers, y Justin Stein, de InmoInfo, explicaron que no hay una medida ideal de espacios sin uso cuando se alquila, pues depende del objetivo de crecimiento de la institución.
Sin embargo, la planilla de Hacienda aumentó, en promedio, un 2,6% entre el 2006 y el 2010.
Fernández dijo que lo recomendable es que los campos vacíos para trabajo no superen el 10% de lo arrendado.
Defensa. El ministro de Hacienda, Helio Fallas, señaló al Gobierno anterior por desaprovechar las estaciones laborales en los edificios alquilados.
“Hay un montón de espacio que no se usa y así lo contrataron”, aseguró Fallas.
No obstante, su antecesor en Hacienda, Édgar Ayales, descartó que se hayan alquilado edificaciones que no eran necesarias.
“En vez de seguir culpando al Gobierno anterior de todos los problemas, deberían dedicarse a resolverlos”, enfatizó Ayales.
Los diputados Ottón Solís y Otto Guevara, de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, estimaron que desaprovechar espacios en los lugares arrendados por Hacienda representa un costo millonario.
“En barrio Don Bosco hay un edificio donde están alquilados dos pisos, por ¢53 millones mensuales, donde solo trabajan 23 personas. Esa es la cultura del desperdicio”, afirmó Solís.
Por año, Hacienda paga casi $12 millones en alquileres.
En el estudio Proyecto de unificación hacendaria se justificó la opción de compra directa del centro corporativo El Tobogán, pero la Contraloría General de la República denegó el permiso debido a errores en el proceso.
Por su parte, Guevara reconoció que el Gobierno heredó los alquileres, pero negó que la solución sea comprar un edificio caro, sino renegociar contratos y usar el espacio disponible.
